Está por ver que la privatización de los servicios de empleo que ayer aprobó el Gobierno ayude a los parados a encontrar trabajo más fácilmente, pero lo que no admite discusión alguna es que la gestión pública de esta actividad es un clamoroso desastre, acentuado si cabe tras el traspaso de estas competencias a las comunidades autónomas a partir de 1998. Para cualquier parado, dejar de serlo gracias a los oficios del antiguo INEM, se ha convertido en una casualidad semejante a la de acertar la primitiva: no es imposible, pero sí altamente improbable.

Las cifras del primer semestre de este año son suficientemente elocuentes. De los más de ocho millones de colocaciones registradas, los servicios públicos de empleo sólo habían intermediado en el 2,9% de ellas, mientras que hace diez años lo hacían en el 16%. Otro dato más: las empresas sólo utilizaron la red pública para anunciar 60.000 ofertas de trabajo, de las que sólo un 60% provenían del sector privado. Pues bien, si la cifra ya es por sí ridícula, más lo fue el resultado final de la gestión, ya que alrededor de 7.800 de estos puestos no pudieron ser cubiertos.

Son comprensibles las cautelas de los sindicatos ante la nueva regulación de las agencias privadas de colocación, a las que se autoriza a lucrarse con esta actividad a condición de que al menos un 40% de sus ingresos no provengan de subvenciones públicas y de que presten especial atención a los colectivos con más dificultades para acceder al mercado laboral como los parados de larga duración, jóvenes y mujeres. Conociendo el percal del empresariado patrio, no tardarán en presentarse casos de cazaprimas o de delincuentes comunes que traten de cobrar a los parados a cambio de un empleo que jamás conseguirán.

Es una vergüenza que una página de Internet como Infojobs sea más eficaz para encontrar empleo que los 22.000 funcionarios de los servicios públicos o que las empresas de trabajo temporal intermedien cinco veces más que éstos en los sectores en los que están autorizadas. Dar entrada a las agencias privadas no exime al Gobierno de sus responsabilidades. En junio de 2006, un real decreto anunciaba un plan de modernización y mejora de recursos materiales y tecnológicos. Los resultados de esta reforma estructural están a la vista: éxito sin precedentes.