Óscar Celador

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

La Conferencia Episcopal española ha publicado una nota para orientar moralmente a sus fieles ante la proximidad de la cita electoral del 20-N. Se trata de una práctica habitual, a través de la cual la Iglesia católica no pide el voto para una formación política concreta, pero recomienda no votar a los partidos políticos que promueven políticas contrarias a su moral y principios y, en el caso concreto del 20-N, a aquellos partidos que defiendan el derecho de las mujeres a abortar, el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la impartición de Educación para la Ciudadanía en la escuela. De esta manera, la Iglesia católica ha hecho un guiño evidente al PP, ya que el PSOE ha sido el promotor del reconocimiento legal de las políticas señaladas, y en los últimos años el PP ha venido utilizado estas temáticas para realizar parte de su labor de oposición política, e incluso ha recurrido algunas de estas medidas ante el Tribunal Constitucional.

La experiencia nos dice que el mensaje de la Iglesia católica probablemente será obviado por la sociedad española, pues en las anteriores elecciones nacionales la Iglesia católica realizó una recomendación similar a sus fieles y el PSOE se alzó con la victoria. Por lo tanto, o bien los católicos ignoraron las orientaciones de su Iglesia, o bien en España hay muchos menos católicos de los que dicen tanto las estadísticas como la propia Iglesia católica. Ahora bien, lo que es preocupante es que la Iglesia católica haya vulnerado una vez más el principio constitucional de separación entre el Estado y las iglesias, el cual prohíbe al Estado intervenir en asuntos de índole religiosa, por ejemplo, diciendo a la sociedad qué Iglesia prefiere o interfiriendo en la elección de sus líderes; pero a sensu contrario exige la misma actividad de respeto hacia los asuntos civiles de las confesiones religiosas. Esto no quiere decir que la Iglesia católica no pueda participar en el debate electoral, pero si quiere hacerlo debería quitarse la máscara de organización con fines religiosos, crear un partido político, concurrir a las elecciones y asumir el riesgo de que la sociedad española pueda decidir no votar sus propuestas. ¿Acaso es pedir demasiada coherencia?