MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA

La Ley de la Ciencia de 1986 ha servido durante todos estos años para encauzar la política científica hasta nuestros días, resistiendo heroicamente a múltiples cambios de gobierno y de partido gobernante, de coyuntura económica y de organización institucional del país. Bajo su vigencia, España ha pasado de ser un país científicamente atrasado a ser un país maduro, con mucho camino que recorrer todavía, pero irreconocible si lo comparamos con la situación de partida.

La Ley del 86 estaba centrada en la coordinación de los diferentes departamentos de la Administración General del Estado. Ahora el problema más importante es la coordinación de todas las Administraciones (en especial las autonómicas) en el Estado.

En el 86 el reto principal era el crecimiento en cantidad y calidad de la investigación científica. Ahora lo más urgente es conseguir que los resultados de la investigación lleguen a la sociedad y fertilicen el sistema productivo.

En el 86 había que poner orden en un pequeño grupo de Organismos Públicos de Investigación, dependientes de múltiples ministerios. Ahora todos los OPI están en un único ministerio, pero tenemos toda la geografía sembrada de nuevos y variados “agentes” del sistema de ciencia y tecnología, públicos, privados, autonómicos, estatales y mixtos.

El proyecto de ley que anuncia la ministra Cristina Garmendia parece afrontar todos estos problemas y algún otro, muy importante, que la Ley anterior dejó sin resolver. Una aportación novedosa será, sin duda, la creación de una carrera profesional para los investigadores, homologable internacionalmente y capaz de poner algo de orden en la abigarrada variedad actual de escalas funcionariales y contratos laborales. La propuesta no está exenta de riesgos, pero es algo por lo que merece la pena apostar.

También se declara con contundencia la necesidad de dotar a los “agentes” del sistema científico de procedimientos de gestión ágiles, regidos por normas de derecho mercantil y no administrativo. Un noble y difícil empeño, cuyo éxito final veo dudoso.

A falta de conocer el texto completo del proyecto, hay que decir que nos encontramos ante lo que parece ser una muy buena iniciativa para mejorar el sistema científico que heredamos del siglo XX.

Esperemos que en el texto definitivo se afronten también otros retos más propios del siglo XXI. Al menos dos. El primero es asumir, para la organización de la ciencia en el sector público, un modelo más claramente basado en la autonomía de la comunidad científica. El bienestar social va a depender cada vez más del progreso del conocimiento, pero este no se puede controlar y sólo hay una forma de apostar por él: confiando en la comunidad científica y en sus mecanismos internos de evaluación y control. Hay poco de esto en el proyecto actual.

El otro reto es el de la participación social. En el proyecto se hace énfasis en la transferencia del conocimiento y en la necesidad de difundir la cultura científica. Pero poco se dice acerca del proceso inverso. La nueva Ley debería prever mecanismos (parlamentarios, académicos y sociales) de participación en la evaluación social de las opciones científicas y tecnológicas.

Miguel Ángel Quintanilla es Catedrático de Lógica

y Filosofía de la Ciencia