ÓSCAR CELADOR ANGÓN

Lo lógico y lo evidente ha adquirido carta de naturaleza jurídica gracias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ha sido necesario que el Alto Tribunal se pronuncie para llegar a la conclusión de que el sistema educativo puede impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, pese a que la Constitución afirma de forma clara y precisa que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

En otras palabras, el sistema educativo tiene la obligación de ofrecer a los alumnos una formación sobre las características fundamentales y el funcionamiento de nuestra democracia, los principios y derechos establecidos en la Constitución española y los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática.

La inclusión de la asignatura en el currículo escolar no fue un capricho del Gobierno. Al mandato constitucional referido, hay que sumar que su impartición se enmarca en las políticas de la Unión Europea conducentes a la consolidación de la cultura democrática en su seno a través de la educación. Siendo esas sus raíces, bien se comprende que va en contra de la naturaleza de tal materia negar a lo padres el derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus principios morales o religiosos; es más, ambas enseñanzas deben ser compatibles, pues la finalidad de la Educación para la Ciudadanía es la transmisión de unos ciertos códigos que han de aceptar todos los ciudadanos con independencia de sus creencias o convicciones.

Sin embargo, la Iglesia católica ha liderado una durísima cruzada contra la impartición de la asignatura a través de una llamada masiva a la objeción de conciencia y a la desobediencia civil, que ha ido más lejos del ejercicio legítimo de derechos como la libertad de expresión o manifestación, pues se ha inmiscuido en el cumplimiento de las leyes. No deja de ser curioso que la misma Iglesia que pactara en 1946 inculcar a sus seminaristas el más acendrado sentimiento patriótico español y obligara a los españoles a conocer y a recitar su catecismo, pretenda erigirse como defensora del derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos.

Pero mucho más preocupante ha sido el alineamiento de numerosos líderes del Partido Popular junto a las tesis de la Iglesia, tanto en sus contenidos como en su radicalidad, ya que esto ha servido para conceder cierta legitimidad política a sus reivindicaciones, pese a que la posición de la Iglesia se ha soportado en la idea de fondo de que el Gobierno carece de legitimidad política para regular la educación y ha lesionado derechos fundamentales de sus ciudadanos. Nunca el ansia de conseguir un puñado de votos ha erosionado tanto la legitimidad de las instituciones.

Este es un debate que los españoles deberíamos haber tenido en los años ochenta, cuando nos liberamos de la dictadura militar y no nos atrevimos a darnos la herramienta más importante que puede utilizarse en este terreno; es decir, explicar a las futuras generaciones que la llegada de la democracia nos convirtió en ciudadanos titulares de derechos y libertades. Determinados sectores de la sociedad tienen miedo a que los españoles tomemos conciencia de lo qué significa ser ciudadano y, en consecuencia, ser libres para tomar nuestras propias decisiones.

Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado