ÓSCAR CELADOR ANGÓN

No es casual que el ideal de la justicia se represente como la efigie de una mujer con los ojos vendados que porta en una mano una balanza y en la otra una espada, pues con ello se quiere señalar que todos los individuos son iguales ante ley, y que esta será administrada de forma imparcial y objetiva por los jueces. La justicia es uno de los bienes más preciados de las sociedades democráticas modernas, ya que de su correcto funcionamiento dependen las demás instituciones básicas del Estado. Las reglas del juego son muy sencillas y obedecen al principio de separación de poderes acuñado en su día por Montesquieu, de forma que las Cortes Generales representan al pueblo y ejercen la potestad legislativa del Estado, el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, y el poder judicial administra la justicia a través de jueces y magistrados independientes, inamovibles y sometidos al imperio de la ley en el ejercicio de su labor jurisdiccional.

Ahora bien, la justicia es administrada por personas que tienen sus propias creencias, las cuales no tienen por qué coincidir necesariamente con lo que ordenan o permiten las leyes. El problema se plantea cuando los jueces permiten que sus creencias personales primen sobre la correcta aplicación de las leyes, como ha ocurrido, por ejemplo, cuando se niegan a autorizar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo o, más recientemente, al impedir y obstaculizar la adopción de una niña por parte de una lesbiana que había contraído matrimonio con la madre biológica de la menor.

En estos casos son los propios garantes de la justicia los que impiden el cumplimiento de la ley, lo que supone la mayor afrenta que puede hacerse al Estado de derecho por dos motivos. Por una parte, aquellos ciudadanos que quieren ejercer los derechos que el Estado les reconoce, pero que los jueces les impiden ejercer, se ven obligados a utilizar un complejo y lento sistema de recursos que les generan enormes perjuicios morales, económicos y temporales. Y por la otra, cada vez que los jueces dejan de aplicar las leyes se daña la confianza de los ciudadanos en la justicia, con el perjuicio que supone para la salud democrática.

Esto no quiere decir que los jueces no tengan derecho a la libertad ideológica y religiosa, pero la correcta administración de la justicia exige que cuando sus responsables se pongan la toga para ejercer la función jurisdiccional dejen sus creencias personales en el armario junto a su ropa de ciudadanos y ejerzan de forma imparcial la elevada función que la sociedad civil les encomienda.

Las creencias personales no pueden estar por encima del interés general que representa la correcta administración de la justicia, ya que cuando esto ocurre los jueces y los ciudadanos dejan de ser tales y se convierten respectivamente en tiranos y en siervos de una dictadura ideológica. La solución a esta situación pasa por la existencia de un sistema disciplinario que actúe de forma más contundente. La objetividad y la imparcialidad son dos requisitos imprescindibles para ejercer la potestad jurisdiccional, y cuando se pierden deben ser los propios jueces los que, conscientes del grave daño que sus decisiones pueden generar a la sociedad, renuncien a su cargo. En otro caso deben ser sus propios compañeros los que les aparten de la responsabilidad de juzgar de forma definitiva.