NÚRIA BOSCH

En España actualmente los servicios públicos personales (educación, sanidad, servicios sociales, etc.) son provistos básicamente por los gobiernos subcentrales. Así, por ejemplo, las prestaciones de educación, a todos los niveles, sanidad y servicios sociales recaen esencialmente en las comunidades autónomas, aunque tampoco hay que olvidar el notable papel que realizan los ayuntamientos en materia de servicios sociales. Ello explica que hoy las comunidades autónomas gestionen el 36% del total del gasto público.

Esta realidad parecen desconocerla muchos ciudadanos. En un reciente estudio realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, se pone de manifiesto cómo la mayoría de la población cree que es el Gobierno central el responsable de los diversos servicios públicos y, en especial, de los servicios públicos personales. El 49% de los encuestados afirmaban que la sanidad era responsabilidad del Gobierno central, el 41% lo creía en el caso de educación, y el 44% en el de los servicios sociales. Los porcentajes de los ciudadanos que atribuían esta responsabilidad a las comunidades autónomas son mucho menores (27%, 30% y 22%, respectivamente). Y, los que atribuían alguna de estas responsabilidades a los ayuntamientos, o consideraban que eran compartidas entre diferentes administraciones, eran todavía menos. Ello contrasta con el comportamiento frecuente de los ciudadanos de acudir a su ayuntamiento por cualquier demanda de servicios públicos.

La confusión ciudadana no desaparece cuando pasamos al capítulo de los impuestos. A pesar de unas elevadas tasas de falta de respuesta, predomina la idea de que los impuestos se pagan en su totalidad al Gobierno central. Por ejemplo, en el caso del IRPF, en cuyo impuesto las comunidades autónomas participan en el 33% –lo que se visualiza al realizar la declaración del mismo–, el 55% de los encuestados creen que corresponde todo el impuesto al Estado, y solo un 17% sabe que se comparte el rendimiento del impuesto con la comunidad autónoma.

Estos datos nos deberían hacer reflexionar sobre las implicaciones que tiene esta confusión a la hora de valorar la acción de las administraciones públicas por los ciudadanos y de rendir cuentas por parte de los políticos a estos últimos. En un sistema democrático los ciudadanos expresan la aprobación o no de la acción de gobierno a través de las urnas, pero difícilmente se puede hacer de forma responsable cuando los votantes no saben quiénes están detrás de los servicios públicos de que disfrutan o qué nivel de gobierno es el responsable de su correcto funcionamiento.

Quizás la causa estribe en que venimos de un país centralizado y, por lo tanto, la creencia en que el Estado es el responsable de todo todavía está en la cultura popular. De hecho, la descentralización de los servicios de sanidad y educación a algunas comunidades autónomas es relativamente reciente.

Con todo, es obligación de los responsables políticos, clarificar a la ciudadanía el funcionamiento de la administración pública para que después se pueda actuar responsablemente a la hora de acudir a las urnas y juzgar la acción política.

Núria Bosch es Confusión ciudadana