ALFONSO EGEA DE HARO

Profesor de Ciencia Política

Hoy el consumo es el rasgo más visible dela ciudadanía. Elacceso a un mercado lo más amplio posible y con una gran variedad de productos a precio competitivo se asocia a distintos índices de calidad de vida y a los derechos dela ciudadanía. Sobreesta base,la Comisión Europeapretende dar una nueva vuelta de tuerca al mercado, en este caso, a la llamada sociedad de la información.

Se estima que la puesta en marcha de un mercado europeo de las telecomunicaciones permitiría incrementar el PIB europeo en un 4%-6%, generar hasta 2 millones de nuevos puestos de trabajo en el año 2020 (Copenhagen Economics) y requeriría de una inversión de más de 200.000 millones de euros (Banco Europeo de Inversiones). Si bien las tecnologías de la comunicación y la información sólo representan directamente el 5% del PIB comunitario, son responsables de hasta el 30% de las ganancias en productividad, lo que las convierte en el imaginario de los hacedores europeos de políticas en la solución a los problemas no sólo económicos sino también demográficos o energéticos.

Este nuevo mercado no solo va dirigido a impulsar el comercio electrónico sino fundamentalmente a vencer la desconfianza de los consumidores y potenciar así la prestación telemática de un número cada vez mayor de servicios, que podrían incluir también servicios públicos como la educación o la asistencia sanitaria.

En esta nueva vuelta tuerca al mercado común se reproducen algunos de los problemas de credibilidad dela Unión Europeacomo actor económico. A pesar de que más del 60% del comercio tiene lugar entre países comunitarios, el presupuesto europeo sólo supera ligeramente el 1% del PIB europeo. Hasta ahora, los gobiernos nacionales han creado un mercado, con reformas estructurales y privatizaciones, pero sin generar recursos comunes ni definir los bienes públicos a nivel europeo. La pregunta es si se puede seguir apostando por un mercado de 500 millones de potenciales consumidores pero una cifra mucho menor y menguante de ciudadanos. Es decir, si basta con garantizar el acceso al libre mercado o es necesario que todos los europeos participen en la definición de cuáles debieran ser los servicios de interés general y la manera de financiarlos.