Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

El Centro de Estudios e Investigación Sindicales de Comisiones Obreras de Catalunya publicó hace unos meses un informe sobre el crecimiento de las desigualdades sociales en Catalunya que parece haber pasado desapercibido en la mayoría de medios de mayor difusión en Catalunya, lo cual no deja de ser sorprendente, pues las cifras son alarmantes. Veamos los datos, comenzando por la evolución de la pobreza. Esta ha crecido más rápidamente que en el promedio de la Unión Europea, alcanzando un nivel elevadísimo: una cuarta parte de la población en Catalunya se encuentra en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social. Pero no solo el porcentaje de la pobreza ha aumentado, sino que la pobreza en sí se ha acentuado. Es decir, la persona que vive en situación de pobreza en Catalunya es más pobre de lo que lo era antes. Es más, muchos de los pobres son personas que trabajan, señalando así que el hecho de estar trabajando no es suficiente para salir de la pobreza. En cada una de estas categorías Catalunya está a la cola de la Europa Social, situada en el grupo de los que tienen peores indicadores.

Este aumento de la pobreza es, a su vez, un indicador del crecimiento de las desigualdades, con una gran concentración de la riqueza en sectores muy minoritarios de la población que gozan de una gran influencia en la vida política del país. Esta influencia queda reflejada en muchos indicadores, siendo uno de ellos la gran regresividad real (y no nominal) de las políticas fiscales. Entre estos indicadores está el gran peso que la imposición indirecta tiene dentro de la imposición total. Otro indicador es el trato discriminatorio de la política fiscal, que favorece a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. Resultado de ello es que la imposición sobre las rentas del trabajo constituye la mayor parte de los ingresos al Estado (basados en el gravamen sobre las rentas). Esta regresividad explica la pobreza de ingresos al Estado, tanto central como autonómico. La Generalitat de Catalunya ingresa pocos recursos por el nivel de riqueza que el país tiene.

Otra causa de la pobreza es la situación preocupante del mercado de trabajo, incluyendo el bajo porcentaje de la población que trabaja, el escaso nivel salarial de la población y el elevado desempleo. Cada uno de estos factores explica los bajos ingresos al Estado central y a la Generalitat de Catalunya. La situación del mercado laboral se ha deteriorado como consecuencia de las sucesivas reformas laborales que han tenido lugar en los últimos años, y que tenían como objetivo (aunque nunca explicitado) la disminución de los salarios. El porcentaje de la población en paro que vive en hogares donde todos los miembros activos de la familia están en el paro ha alcanzado el nivel del 42,3%.

Una causa de esta situación han sido también los recortes de gasto y de empleo públicos. Catalunya ha sido una de las CCAA que más recortes ha implementado dentro del país, España, donde tales recortes han sido (junto con Grecia) más acentuados, recortes que han abarcado también a los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad y educación, y las transferencias públicas como pensiones no contributivas, ayudas a las familias, ayudas a las personas con dependencias y otras.

Estos recortes han sido especialmente perjudiciales para el bienestar de la población, pues se han realizado en servicios y transferencias públicas muy poco financiados. En realidad, el Estado del Bienestar en Catalunya y en España tiene uno de los gastos públicos sociales per cápita más bajos de la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al de Catalunya y España. En realidad, el nivel de riqueza económica per cápita de Catalunya es superior al del promedio de la UE-15. En cambio su gasto público social per cápita es solo el 73% del gasto promedio de la UE-15. Ello es un indicador más de que la Generalitat de Catalunya tiene menos recursos públicos sociales de los que debería tener por el nivel de riqueza del país.

La disminución de los salarios y el incremento del paro han afectado a la mayoría de la población, que deriva sus rentas del trabajo, siendo particularmente acentuado en los sectores del mundo del trabajo con salarios más bajos. Esta disminución de los salarios y de las transferencias públicas ha reducido la capacidad adquisitiva de la población de una manera muy notable. Dicha disminución, sin embargo, no ha sido uniforme ni ha afectado a todos los sectores sociales de igual manera. En realidad, en aquellos sectores de salarios elevados (directivos empresariales y personal dirigente del sector financiero), los salarios, así como las rentas derivadas del capital, han aumentado, aumentándose así las desigualdades de una manera muy notable. Las rentas del 20% de la población con más ingresos son 5.9 veces superiores a las rentas del 20% de la población con menos ingresos, una de las desigualdades mayores en la UE-15.

Como he indicado antes, las causas de este crecimiento de las desigualdades son múltiples. Pero una de las que tiene menos visibilidad mediática es la naturaleza de las políticas públicas llevadas a cabo tanto por la Generalitat y por el Parlament de Catalunya, así como por el gobierno español y las Cortes españolas (donde partidos catalanes también apoyan políticas que se aplican a Catalunya, facilitando su desarrollo). Es un argumento muy común el justificar tales políticas, como los recortes y las reformas laborales, indicando que dichas políticas –propuestas por las autoridades europeas (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo)– son las únicas posibles, y ello a pesar de que los datos cuestionan esta postura. No es por casualidad que los países que están experimentando mayores dificultades, y mayores recortes, no sean los países con mayores gastos públicos, sino que sean países que históricamente han estado dominados por fuerzas profundamente conservadoras (tales como Grecia, Portugal, Irlanda y España), con Estados pobres de escasa sensibilidad y gasto público social, y poco efecto redistribuidor.