CARMEN MAGALLÓN

Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz

En distintas ciudades de Estados Unidos se estrena estos días una película, The Whistleblower, que espero que pueda verse este otoño también en España. Cuenta la historia, basada en hechos reales, de una policía estadounidense (Rachel Weisz, en el filme) enviada a Bosnia tras la guerra de los Balcanes como observadora de Naciones Unidas, que denuncia las actividades de una multinacional implicada en el tráfico de mujeres (niñas de 12 a 16 años) en la zona, con la complicidad de mandos de los cascos azules. En el Congreso Internacional de la Liga de Mujeres por la Paz y la Libertad, celebrado este agosto en San José de Costa Rica, pudimos verla y comentarla con Madeleine Rees (que interpreta Vanessa Redgrave en el filme), por entonces jefa de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bosnia.

El tráfico de mujeres no sólo se da en las situaciones irregulares posteriores a un conflicto armado, sino que está a la orden del día. Si atendemos a las cifras, tal vez en ese burdel de carretera que vemos recurrentemente al salir de la ciudad, al parecer cerrado pero siempre con coches en el aparcamiento. Pues en España, con unos 3.000 prostíbulos, el 90% de las que ejercen la prostitución, entre 200.000 y 400.000, lo hacen de manera forzada. Según los informes, este es un país de tránsito y destino de mujeres obligadas a ejercer la prostitución. No necesariamente con coacción física, pueden ser retenidas para saldar la deuda supuestamente contraída en su reclutamiento y traslado desde el país de origen. Apenas hace un mes, la Policía detenía en Bilbao a cuatro dirigentes de una red de tráfico de mujeres que captaba a sus víctimas en países del este de Europa.

Tal vez películas como esta sean más eficaces que las cifras para sacudir la conciencia de una sociedad que vive ajena a este problema, que cierra los ojos mientras justo al lado existen negocios basados en la esclavitud sexual ligada al tráfico de mujeres y la prostitución. ¿No deberíamos reclamar más transparencia, también en este tema? ¿Sabemos realmente, saben las autoridades, en qué condiciones viven y trabajan estas mujeres? ¿No habría que penalizar, además de a los traficantes, a los usuarios, es decir, a los que van a prostituirlas?