Cuarenta y una es el número oficial de mujeres asesinadas por la violencia machista en lo que va de año. Acuchilladas, tiroteadas, estranguladas, lanzadas por el balcón, después de haber sido maltratadas sistemáticamente durante años. Habitualmente por el hombre que la amaba.

Estas son las cifras que ofrecen las instituciones gubernamentales. En las cuentas de la Comisión de Investigación sobre la Violencia de Género, en el Tribunal de Crímenes contra la Mujer de Madrid, en las diversas asociaciones que en Galicia y en Barcelona y en Valencia estamos recogiendo datos, aparecen muchas más. Claro que según el marco legal obligado por la famosa Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género –nombre abstruso si los haya y tan diferente del de la ley venezolana “Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”- ninguna víctima que no lo sea de su marido o pareja permanente sentimental tiene la consideración de víctima específica de género y por tanto no goza de la protección que esa ley se proponía otorgarle, aunque sea evidente que no lo consigue. Por tanto, las mujeres maltratadas por el cuñado, el yerno, el hermano, el amante ocasional, el desconocido, y no digamos las prostitutas apaleadas por el chulo, el proxeneta y el cliente, no entran en la estadística.

En los últimos treinta años 2.500 mujeres han sido asesinadas, en cálculo aproximado y conservador dada la ausencia de datos fiables. El número de apaleadas, violadas y acosadas sexualmente es desconocido. Ustedes pueden imaginar un escenario en el que esas cifras correspondieran a las víctimas del terrorismo y estarían seguros de que el gobierno habría declarado Estado de Excepción en el país y el Ejército patrullaría por las calles.

Pero estamos hablando de víctimas mujeres, la clase social y económica más pobre y oprimida del país, que han cometido la enorme torpeza de enamorarse o de relacionarse o de dejarse amedrentar por un maltratador, al que incluso todavía quieren o que han querido, con el que conviven o han convivido, en el escenario privado del hogar conyugal donde no hay testigos, y por tanto el drama o la tragedia se desarrolla en el secreto y el encubrimiento. No en el silencio porque tantas veces después del asesinato los vecinos y familiares declaran que a ella se la oía gritar a menudo y también se entendían claramente las amenazas de muerte con que él la amedrentaba. Pero nadie de su entorno la protegió antes de la última agresión ni denunció a la policía la situación. Y si tal cosa se produjo, en un porcentaje innumerable de casos, las fuerzas del orden que tienen encomendada la seguridad de los ciudadanos, antes de recoger la denuncia e iniciar el atestado, recomendaron a la víctima y a la familia que llegaran a un acuerdo con el denunciado, que lo comprendieran si estaba estresado o borracho o drogado o desempleado o era enfermo mental, que pensaran en las consecuencias de una denuncia que lo internaría en prisión, con lo que perdería el trabajo y separaría al padre de los hijos arruinando a la familia.

En Barcelona la policía, cuando considera que el caso no reviste gravedad, entrega a la denunciante unas instrucciones escritas explicándole que no abra la puerta sin mirar por la mirilla para saber quién es el visitante, que no salga sola a la calle, que tenga un pariente varón que la acompañe, y otras prudentes medidas que recuerdan claramente las que acaba de difundir la Guardia Civil para que las posibles víctimas de violación se protejan a sí mismas. Después de eso invita amablemente a la denunciante a que se vaya a su casa sin abrir atestado.

Si a pesar de tantos inconvenientes, la heroica mujer se decide a seguir la acción penal, tiene el 55% de posibilidades de que su proceso se archive inmediatamente. Del 45% restante se seguirá un juicio rápido que terminará en condena en el 70% de los casos, la mayoría por un acuerdo entre el fiscal y el abogado defensor, lo que supondrá una condena inferior a dos años de prisión que será canjeada por el eufemismo de “servicios a la comunidad”, para no decir que queda impune. Las condenas por tanto, solo alcanzan al 38% de las denuncias.

Entre las últimas víctimas una había presentado 33 denuncias y otra tenía vigente una orden de alejamiento. El caso de negligencia e impunidad mayor es el del asesino que mató a su suegra y a su novia, hija de aquella, aprovechando un permiso penitenciario. Y tengan en cuenta que el asesinato de la suegra no está incluido en la famosa Ley de Violencia, que tan satisfecho y orgulloso de su aprobación tiene al Partido Socialista. Pero a ninguno de los jueces ni fiscales ni forenses que intervinieron en los procesos se les ha pedido responsabilidades por haber desasistido a las asesinadas. No hay nadie más impune por la negligencia de sus actuaciones que los funcionarios de la Administración de Justicia. No se conoce de ningún caso en que se haya denunciado, aún menos procesado o condenado a un juez o fiscal cuando después de haber seguido repetidos procesos contra un acusado este asesina a la mujer a la que ya ha golpeado, violado y amenazado durante años, porque se negaron a ingresarle en prisión o le concedieron un permiso de salida cuando ya estaba encarcelado.

Mientras, desde las esferas institucionales como también desde algunas organizaciones de mujeres en la órbita del PSOE, se exhorta continuamente a las víctimas a denunciar a los maltratadores asegurándoles la protección de un Estado que sigue siendo patriarcal y cuyos servidores, con contadas y honrosas excepciones, mantienen el criterio milenario de que las mujeres merecen correctivos adecuados a su inestabilidad emotiva e intelectual, o que en todo caso exageran, mienten y abusan continuamente de las denuncias falsas para obtener no se sabe qué beneficios.

Unas últimas estadísticas explicaban que habían disminuido las denuncias, y no sé si por ello se felicitaban los dirigentes gubernamentales indicando que estábamos ya en el proceso de erradicar la violencia machista, cuando este es el síntoma de la pérdida de confianza de las mujeres en la protección que puedan prestarles las instituciones. Toda víctima sabe de la tortura que significará iniciar un proceso penal y de los pocos beneficios que obtendrá con él. Toda víctima sabe que quizá un juez comprensivo le dará una orden de alejamiento del agresor pero que no le dará de comer ni a ella ni a sus hijos. Toda víctima sabe que si no tiene una protección eficaz será más vulnerable después de presentar la denuncia y tendrá más probabilidades de que el maltratador se convierta en asesino, ejecutando la venganza contra el atrevimiento y la rebeldía de su esclava. Y, aunque así se la quiera presentar, como no es tonta el instinto de conservación la llevará a aguantar mientras pueda o a buscar una solución negociada de separación o divorcio, que no engrosará las listas de la violencia de género. Lo que, naturalmente, también satisfará al gobierno que verá sus estadísticas mejorar, a la policía que se ahorrará interrogatorios y detenciones y a los juzgados que tendrán menos expedientes que tramitar.

Si tan prudente conducta conduce al engreimiento y la seguridad en sí mismo del maltratador, se ha conseguido el efecto indeseado contrario al buscado por la Ley de Violencia: que los verdugos se sientan impunes y transmitan a sus iguales la misma convicción.

Encarna Bodelón analiza en su libro Violencia de género y las respuestas de los sistemas penales. Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2012 las denuncias por violencia de género registradas en los juzgados y tribunales de España bajaron un 4% respecto al año anterior y un 10% en los últimos 5 años. Esta pregunta plantea para la profesora Bodelón diversos problemas: “Parece que el problema son las mujeres, su ausencia de denuncia; el hecho a explicar es el comportamiento de las mujeres”. Pero, según la autora del libro, la pregunta deja fuera una gran cuestión: “¿qué pasa cuando las mujeres denuncian?”. Exactamente lo que estoy analizando en este artículo.

Bodelón explicó que el estudio que ha realizado muestra una doble imagen de la violencia de género: “por un lado, las entrevistas realizadas a mujeres …hablan de largos procesos de violencias en las relaciones de pareja y de violencias múltiples (físicas, psíquicas, sexuales, económicas). Al mismo tiempo, la forma en que se trata el tema por el sistema penal reproduce una imagen muy diferente: “se muestra como violencias puntuales, mayoritariamente en forma de violencia física; violencias machistas graves se convierten en “conflictos de pareja”, “incidentes puntuales”, violencias banalizadas y situadas más en el universo de la violencia interpersonal”. Así, las violencias psíquicas desaparecen casi prácticamente del proceso penal y la violencia física se fragmenta en casos episódicos. Las razones para esto son diversas; a veces las mujeres no relatan todo el proceso de violencia pero también sucede que muchos sistemas penales no recogen toda la complejidad del proceso, porque no existen figuras de violencia habitual y por la ineficiencia de las prácticas jurídicas, como una instrucción deficiente”.

“Un ejemplo de esto es que en el Estado Español el maltrato habitual nada más se encuentra presente en un 4,8% de los expedientes estudiados mientras que en la III Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres, realizada a nivel estatal en 2006, se afirma que el 63,8% de las mujeres que se consideran maltratadas confiesan que lo son desde hace más de 5 años”.

Bodelón sigue explicando que la impunidad de los agresores en los casos de violencia de género es patente en menor y mayor medida... Se examinaron los expedientes de los juzgados de Barcelona y, del conjunto de los estudiados destaca que nada más el 36,1% de ellos acaba en una condena del agresor. En el resto de los casos, un 63,9%, la demanda judicial de la víctima finaliza con un sobreseimiento o con la absolución del agresor. La conclusión, entonces, es que nada más una tercera parte de las mujeres que inician un proceso obtendrán una sentencia de condena de su agresor. Pero únicamente el 27,4% de las mujeres que dijeron en la Macro encuesta antes citada que habían sufrido violencia de género alguna vez en su vida habían denunciado a su pareja o ex pareja. La conclusión de Bodelón es demoledora: “Así que, de todas las mujeres que padecen violencia en la pareja, nada más el 9,8% obtendrán como resultado una sentencia condenatoria de su agresor”.

Nada más que añadir.