ÓSCAR CELADOR

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

Los 252 millones de euros que el Estado acaba de entregar a la Iglesia católica para financiar su sostenimiento son la consecuencia del pacto bochornoso al que llegaron el Gobierno y la jerarquía eclesiástica en 2006. Suponen una tomadura de pelo para los contribuyentes y un claro ataque a nuestro marco constitucional.

La Iglesia ha utilizado el eslogan “marcar la casilla no cuesta nada y, sin embargo, rinde mucho”, pese a que es sabido que nada en esta vida es gratis. Lo más acertado hubiera sido decir que cuesta poco si el dinero que la Iglesia ingresa por esta vía se compara, por ejemplo, con los millones de euros que reciben las escuelas concertadas católicas, o los que el Estado dedica para pagar el sueldo de los profesores de religión, los capellanes católicos que prestan sus servicios en hospitales, prisiones o fuerzas armadas, o para la conservación del patrimonio histórico y artístico en posesión de la Iglesia. Todo ello sin tener en cuenta que la Iglesia católica está exenta del pago de casi todos los impuestos previstos en nuestro sistema tributario. La Iglesia católica ha utilizado el señuelo de las ONG católicas, como Cáritas o Manos Unidas, que también son financiadas por el Estado mediante la casilla del IRPF destinadas a otros fines de interés social, o a través de subvenciones y aportaciones estatales directas, para pedir a los españoles que financien el salario de su clero.

El sistema de financiación de la Iglesia católica lesiona directamente tres artículos de la Constitución.

El hecho de que el Estado contribuya al sostenimiento de una confesión religiosa es incongruente con el mandato constitucional de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

Asimismo, los poderes públicos ignoran el principio constitucional de igualdad y no discriminación por motivos religiosos, al permitir que los católicos puedan financiar a su Iglesia con el dinero de todos; ya que aquellos que ponen la cruz en la casilla destinada a la Iglesia católica en su declaración del IRPF no pagan un impuesto extraordinario, como ocurre en Alemania, sino que Hacienda resta a los ingresos públicos totales una parte de ingresos del IRPF.

Y por último, el modelo de financiación de la Iglesia católica vulnera la obligación de que todos los españoles contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad; pues aquellos que ponen la cruz en la casilla del IRPF destinada a la Iglesia contribuyen a los gastos generales con un 0,7% menos que los demás.

Nadie discute el enorme valor que tiene la labor social de la Iglesia, y especialmente en estos tiempos de crisis; de ahí que el Estado, al igual que hace con las entidades benéficas no católicas, subvencione sus actividades y haya diseñado una política fiscal que propicia que reciban donaciones privadas.

Ahora bien, lo que es muy discutible, y además es inconstitucional, es que el sostenimiento del clero católico se sufrague a costa de la Hacienda pública.