Carme Miralles-Guasch

Profesora de Geografía Urbana

¿Por qué no revisar nuestra estructura administrativa? ¿Y por qué no hacerlo desde una perspectiva de austeridad y modernidad? La propuesta lanzada por el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, no parece desacertada y además se inspira en el sentido común. Un país no puede ir modernizando sus estructuras administrativas sin hacer desaparecer las que se quedan obsoletas. La paradoja está en Catalunya, donde, además de los cuatro niveles administrativos, el Estado, la comunidad autónoma, las cuatro provincias y los más de 900 ayuntamientos, tenemos 38 comarcas y sus 38 órganos gestores correspondientes (consejos comarcales). Asimismo, como las realidades urbanas son cada vez más metropolitanas –pues las grandes ciudades están permanentemente interconectadas con sus municipios más próximos– y sus ciudadanos viven, trabajan y se divierten en las distintas ciudades de estas realidades supramunicipales, sin prestarles mucha atención a los límites administrativos que a diario cruzan, se ha hecho imprescindible organizar el área metropolitana de Barcelona. Un nuevo nivel administrativo que debe organizar de forma supramunicipal los servicios públicos (transporte, saneamiento, residuos, etc.) desde el ámbito territorial que la cotidianidad de los ciudadanos reclaman. En definitiva, en Barcelona y sus alrededores existen seis niveles administrativos. Absurdo. El anterior Gobierno progresista intentó poner un poco de orden a la irracionalidad del mapa administrativo catalán reduciéndolo a cuatro niveles, pero la ley no prosperó. En un país serio, la propuesta de racionalizar la territorialidad de la Administración pública sentaría a un grupo de expertos con consenso político entre los distintos partidos, trabajarían en ello y presentarían a la ciudadanía una propuesta para debatirla en las Cortes y formalizarla como ley. Este recorrido, fácil de describir y complejo de poner en práctica, requiere de inteligencias colectivas y de visiones de futuro compartidas. Y como la organización del territorio es política, también sería una forma de hacer la política más creíble, de ahorrar dinero público (muy escaso en estos momentos) y de modernizar la España del siglo XXI.