ANTONIO IZQUIERDO

Catedrático de Sociología

Los discursos sobre la inmigración irregular van por un lado y las políticas, por otro. En período electoral, y más aún cuando no se gobierna, la distancia entre la proclama y la acción aumenta en demasía. Al que manda se le piden resultados y, por el contrario, el oponente parece tener la solución adecuada. ¿Cómo formarse una opinión? Un método es el de someter la declaración presente a la prueba de los hechos pasados. Hagamos una prueba retrospectiva entre 2000 y 2007; es decir, comparemos los discursos y los resultados de los gobiernos mientras la economía crecía.

El segundo gobierno del PP planteó un enfoque proteccionista, si bien practicó una política permisiva para los latinoamericanos y restrictiva para los marroquíes. El flujo anual de altas de residencia en los municipios se cuadruplicó a lo largo de la legislatura y el depósito de empadronados llegó a duplicar al de residentes legales. La tasa de concesiones en las dos regularizaciones fue baja y la estabilidad legal de los legalizados resultó efímera de modo que, al final del mandato, la proporción de irregulares alcanzó el nivel máximo. Su política se apoyó en un discurso sobre la capacidad de acogida del mercado (formal), mientras suministraba mano de obra para la economía sumergida.

Por su parte, el primer gobierno del PSOE actuó primero sobre la irregularidad interna mediante la normalización y luego, tras la crisis de los cayucos en 2006, se empleó a fondo en el control de ese flujo pero no consiguió disminuir el volumen total de las entradas. De hecho, y debido principalmente a la inmigración rumana, las altas municipales de extranjeros llegaron al punto más alto en el año previo a la crisis. En otras palabras, tuvo éxito en la disminución de la irregularidad interna y europeizó la inmigración. Su discurso abundó en la idea de los beneficios económicos y la escasa rivalidad en el mercado laboral entre nativos e inmigrantes.

Los dos gobiernos fallaron en la regulación de las entradas, aunque actuaron con criterios distintos respecto del origen nacional. En la etapa popular, el discurso estigmatizó el aumento interno de la irregularidad, mientras que durante el gobierno socialista primero se normalizó y luego se contuvo. Ahora, en la crisis, los discursos que producen irregularidad son más político-culturales: el ataque al Padrón y la imposición del “contrato de

integración”.