FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

El PP había cerrado –quizás prematuramente– el círculo de la conspiración universal: ya no eran sólo el Gobierno, los fiscales, los jueces, la Policía y algunos medios de comunicación los que participaban en una operación destinada a perjudicar a ese partido. También los propios integrantes de la trama de corrupción se habían aprovechado del PP y le habían perjudicado. En realidad, este planteamiento no es nuevo, ya que, desde el principio, ha querido personarse como acusación particular en los procesos judiciales y ha pretendido jugar en los dos bandos. Ha saltado continuamente de un lado a otro de la línea fronteriza, disparando en los dos frentes y sembrando el desconcierto por doquier.

Bien es verdad que los disparos que el PP ha realizado hasta ahora en su campo son sólo de fogueo: suspensiones temporales, dimisiones de algunos cargos manteniendo otros y, como trasfondo, la pretensión permanente de identificar responsabilidad penal y responsabilidad política, de tal manera que la puerta quede abierta para un eventual retorno de los implicados, si no son condenados en los procesos judiciales en curso.

Lo que nos ha venido a decir el PP durante estos meses es que consideraba adecuado para desempeñar cargos públicos a cualquiera, por reprobable que fuera su comportamiento, siempre que los tribunales no lo sancionaran como delictivo. Poco importaba que se hubiera lucrado con regalos de fondos procedentes de nuestros impuestos, obtenidos por una trama corrupta que había contratado irregularmente con la Administración. Poco importaba la imagen de degradación moral que se trasladaba a la sociedad española. Lo único que parecía importar a los dirigentes del PP era capear el temporal remitiendo a futuras decisiones judiciales.

Pero el doble juego del PP ha conducido a situaciones tan grotescas como el intento de mantener a Camps en su cargo a costa de la dimisión del secretario general del partido en la Comunidad Valenciana. La laboriosa identificación de las responsabilidades políticas con las judiciales, amañada por los dirigentes nacionales, ha quedado en evidencia con la alegación de Costa de que él no está imputado actualmente de ningún delito. Porque, efectivamente, con Costa, la doctrina anterior ha cambiado y –por primera vez– se exigen responsabilidades políticas con independencia de las judiciales. Pero el interesado se ha resistido hasta donde ha podido y ha dado a entender que el círculo de la conspiración universal puede reabrirse y ampliarse. ¿Quién se alegra ahora de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo exculpara tan rápidamente?

Por mucho que en Valencia quieran mantener la fiesta, lo cierto es que el alboroto ya se acabó y ahora empieza otra etapa en la que resultará difícil evitar el fuego cruzado. Los dirigentes del PP tendrán que hacer algo más que utilizar balas de fogueo en su propio campo para disipar la imagen de doble moral que llevan proyectando durante meses. Si siguen sin marcar una línea clara van a terminar por recibir disparos –estos sí de fuego real– de sus propias filas.

Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional