JORGE CALERO

La actual crisis económica está provocando que el valor económico de la educación sea cada vez mayor. Esto es así, especialmente, si consideramos su eficacia para evitar el desempleo. El acceso a niveles más elevados de educación proporciona, en tiempos de crecimiento, una importante protección contra el desempleo; tal protección se hace mucho más intensa, como veremos a continuación, durante fases de crisis como la actual.

En el año 2007, un trabajador que tuviera completada únicamente la educación obligatoria tenía el doble de riesgo de caer en el desempleo que un trabajador con educación superior y 1,5 veces más riesgo que un trabajador con educación secundaria superior (Bachillerato o Formación Profesional). En el segundo trimestre de 2009 (datos de la EPA), ya en plena crisis, la situación era bastante diferente: los trabajadores con menor nivel educativo tenían el triple de riesgo de quedar desempleados que los titulados superiores y 1,6 veces más que los bachilleres, por ejemplo.

Resulta claro que la crisis ha expulsado del mercado de trabajo especialmente a las personas con menos educación. Otra mirada a los mismos datos de desempleo nos permite observar que la crisis ha doblado la tasa de desempleo de los titulados superiores (situándola en el 8%), pero ha triplicado la tasa de desempleo de los trabajadores que sólo tienen educación obligatoria (situándola en el 24%). Especialmente los sectores de la construcción y de los servicios menos cualificados son los responsables de este golpe tan severo a las posibilidades que, en la fase expansiva del ciclo, habían tenido los trabajadores con menor nivel educativo para ubicarse en el mercado de trabajo.

Y no parece razonable confiar en que, durante los próximos años, el mercado de trabajo vaya a acomodar de nuevo a muchos trabajadores de baja cualificación. El mito popular del fontanero que se gana mejor la vida que el licenciado siempre fue eso, un mito, pero actualmente, y previsiblemente en el futuro, va a ser un mito cada vez más descabellado. Es conveniente, por ello, que los jóvenes y las familias tomen sus decisiones educativas conociendo el valor creciente que tiene la educación en las trayectorias laborales.

El desplazamiento de los trabajadores de menor cualificación, en el medio plazo, va a ser consecuencia de la actuación autónoma de los mercados, pero también de las políticas públicas. El intento de reorientación del modelo productivo que presumiblemente abordará la futura Ley de Economía Sostenible implica, precisamente, el desarrollo de actividades de mayor valor añadido, como la I+D+i, las nuevas tecnologías o las energías renovables, actividades donde la productividad no puede basarse en bajos costes laborales ni, por tanto, en bajos niveles de cualificación. Su impulso es una cuestión de supervivencia para nuestra economía, que el sector público debe tomarse suficientemente en serio. Pero que, indefectiblemente, profundiza en la expulsión progresiva del mercado de trabajo de una franja hasta ahora importante de trabajadores.

Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada