ÓSCAR CELADOR ANGÓN

El inicio de las negociaciones entre el ministro de Educación y los representantes del Partido Popular para la consecución de un pacto político y social por la educación ha coincidido con las declaraciones de varios líderes de la Iglesia católica reclamando su derecho a participar en este proceso. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica en el terreno de la educación han sido tradicionalmente problemáticas, debido a que la posición del Estado ha evolucionado en paralelo al desarrollo del Estado social y a la conformación de la educación como un servicio público esencial, mientras que la Iglesia siempre ha defendido un modelo educativo subordinado a sus intereses religiosos, en el cual el Estado debe desempeñar un papel subsidiario.

La Iglesia ha lanzado un dardo envenenado al Gobierno, ya que ha anunciado su deseo de participar en la mesa de diálogo, pero al mismo tiempo mantiene sus duras críticas al modelo educativo que diseñó la LOE. En otras palabras, en un contexto en el cual parece que los líderes políticos han asumido su responsabilidad de alcanzar un pacto de Estado, la Iglesia ha visto una oportunidad única para recuperar un modelo educativo felizmente superado, en el cual sus escuelas concertadas podían elegir a su alumnado, los alumnos no recibían la preparación necesaria para el ejercicio de la ciudadanía y eran sancionados con una enseñanza alternativa si decidían no cursar la asignatura de religión.

No hace falta ser adivino para predecir cuál sería el desenlace que tendría la participación de la Iglesia en el pacto educativo, y es que, como señaló el célebre político alemán Otto Von Bismark, “cuando alguien dice estar de acuerdo, en principio, en hacer algo, quiere decir que no tiene la menor intención de hacerlo”. Esta es la actitud que cabe esperar de la Iglesia en el caso de que el Gobierno acceda a sus pretensiones, ya que la experiencia histórica dice que la Iglesia sólo bendecirá el pacto educativo en la medida en la que éste satisfaga sus intereses particulares. Pero, además, ¿qué legitimidad tiene la Iglesia católica para participar en este debate?, ¿acaso sus líderes han sido elegidos por la ciudadanía para ostentar alguna responsabilidad política? La jerarquía eclesiástica no está demandando ejercer su derecho constitucional a la participación en la vida política, lo que pretende es participar en los foros de decisión de las políticas nacionales con la excusa de que representa los intereses de las familias que escolarizan a sus hijos en centros católicos.

La Iglesia católica parece ignorar que en el marco del Estado democrático los ciudadanos elijen a sus representantes por su compromiso con un programa político; de ahí que deban ser exclusivamente los partidos políticos los que decidan cuál debe ser el modelo educativo, ya que ellos, y no la Iglesia, serán los que en el futuro tengan que rendir cuentas ante su electorado. La intromisión de la Iglesia supondría que esta influyera en la política nacional defendiendo intereses particulares y, mucho más importante, sin asumir ninguna responsabilidad política.

Óscar Celador es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas