JORGE CALERO

La incidencia de la enfermedad celiaca se sitúa, en España, en niveles inferiores al 1%. Sin embargo, desde hace unos años, en algunas escuelas (sobre todo, privadas concertadas) se ha alcanzado una incidencia del 30% entre los niños y niñas que realizan la preinscripción. ¿Motivos? Las normativas de acceso a las escuelas de algunas Comunidades Autónomas, establecidas a partir de la Ley de Calidad de la Educación (2002) concedieron puntos adicionales a los alumnos con alguna enfermedad que exija “el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio”. Detalle que no pasó desapercibido a un número creciente de familias que reúnen, al menos, tres características: primero, consideran importante la educación de sus hijos y la perciben como un elemento básico para el mantenimiento de sus posiciones sociales (o para la movilidad social ascendente). Segundo, tienen un acceso rápido a la información acerca de los cambios normativos y responden a ellos también con prontitud. Tercero, tienen suficientes recursos personales como para conseguir un certificado médico suficientemente ambiguo (prescindamos del aplomo para utilizarlo).

El que he presentado es únicamente uno de la diversidad de episodios que conforman la huida de las clases medias de determinados servicios prestados por el sector público. En el ámbito educativo esta huida se aprecia de forma muy clara: las clases medias buscan refugio ante los riesgos (reales o figurados) de la escuela pública, que se han concretado en los últimos años en la presencia de inmigrantes. Aprovechan cualquier grieta del sistema para ocupar las plazas deseadas, normalmente en centros concertados. En este proceso, además, se implican de forma entusiasta muchas escuelas, debido a su interés en mantener un grupo selecto de usuarios.

Las tácticas empleadas no siempre son tan sofisticadas como la celiaquía imaginaria, pero son variadas. Entre otros recursos, las familias han utilizado empadronamientos falsos y declaraciones de renta maquilladas. Algunas escuelas han utilizado las jornadas de puertas abiertas como jornadas de puertas cerradas, proporcionando información sesgada en función del tipo de familia que acude al centro. Han empleado, cuando han tenido oportunidad, cualquier elemento subjetivo en los criterios de acceso para seleccionar a sus usuarios.

Todas estas tácticas, cómo han pervivido y su éxito, nos hablan de dos características de nuestra sociedad. Por una parte, la extraordinaria dificultad que tiene la Administración Pública para revertir tales situaciones, que en ciertas ocasiones son secretos a voces. De hecho, parece que la Administración Pública está condenada a ir siempre un paso por detrás de la imaginación de los ciudadanos. Por otra parte, una cómoda convivencia con el fraude: todo el mundo tiene una buena excusa para justificar su comportamiento fraudulento (al fin y al cabo, ¿qué daño se hace?). A finales de 2010 aparecerán los resultados de PISA-2009 y continuará el cuestionamiento de la escuela pública.