Juan Francisco Martín Seco

Economista

Andan en escandalera los políticos de uno y otro bando porfiando acerca de sobre quién recae la responsabilidad de que ejecutivos de cajas de ahorro, saneadas con recursos públicos, hayan cobrado fabulosos sueldos e indemnizaciones. El Banco de España (BE) pretende librarse de toda culpa asegurando que su cometido se limita a controlar la solvencia. Mal ha ejercido entonces su función, ya que ha permitido que las entidades se descapitalizasen sin dar ninguna señal de alerta. Pero, además, resulta muy grave para el sistema financiero español que el órgano supervisor reduzca sus competencias a vigilar la viabilidad de las instituciones. Esta situación es la que permite que, ante la pasividad del BE, las entidades financieras engañen a menudo a los clientes, tal como hicieron ofreciéndoles hipotecas que estaban por encima de sus posibilidades.

Pero las comunidades, los ayuntamientos, incluso los sindicatos, tampoco se pueden ir de rositas. Los políticos de uno u otro signo que se sentaban en los consejos de administración son cómplices, al menos por omisión. En muchos casos han considerado que la caja era el cortijo particular de la respectiva comunidad o corporación y han embarcado a la entidad financiera en aventuras que, si bien podían tener una rentabilidad partidista, carecían de todo sentido social o económico. En otras ocasiones, los gestores habían acumulado tal poder en la región, que nadie se atrevía a pedirles cuentas. Con el dinero de la caja han sabido comprar voluntades y conceder créditos a personas e instituciones que quedaban de alguna forma atrapadas y cautivas.

Por último, hay que preguntarse si el escándalo de las retribuciones no resulta también extrapolable a todas las entidades financieras, hayan o no recibido en esta ocasión fondos públicos. Por una parte, de forma generalizada, los administradores y ejecutivos se han blindado en los consejos, actuando libremente, sin nadie que los controle y fijando sus propios sueldos; por otra, no se puede hablar de sector privado cuando los estados se ven obligados a salvar a las entidades en caso de dificultad y cuando el crédito constituye un factor estratégico fundamental para el crecimiento y el bienestar de las sociedades.