MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA

Catedrático de Lógica y Filosofía

de la Ciencia

La nueva Ley de la Ciencia se va a aprobar definitivamente en el Parlamento y es casi seguro que la aprobación será prácticamente por unanimidad. Es una gran noticia. Uno de los indicadores más claros de la modernización que se ha producido en la sociedad española desde que se aprobó la ley anterior (hace ahora 25 años) tiene que ver con la ciencia y la tecnología. En este campo hemos pasado de ser un país en vías de desarrollo a estar entre los más destacados, lo que avala una expresión que la ministra Cristina Garmendia utiliza con frecuencia en sus declaraciones públicas: “España es ya un país de ciencia” (Ortega y Gasset debe de estar dando saltos de alegría en su refugio de la historia de nuestro país).

¿Qué queda por hacer? Nuestro sistema de ciencia y tecnología sigue presentando algún déficit importante. El primero (más adelante nos ocuparemos de otros) es la escasa participación directa del sistema productivo. En efecto, seguimos mostrando una enorme debilidad en todo lo que tiene que ver con la innovación, con el aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico para obtener valor añadido en el plano económico o social. Nuestros indicadores de patentes siguen por los suelos, aunque estén mejorando, lo mismo ocurre con la balanza tecnológica y con la participación directa de las empresas en el esfuerzo en I+D. La nueva ley apuesta por la Estrategia Estatal de Innovación, un instrumento de actuación del Gobierno, que se añade al Plan Nacional de Investigación Científica y que ayudará a superar estas limitaciones tradicionales de nuestro sistema. Algunos respetados miembros de la comunidad científica miran con recelo esta deriva hacia la innovación, que ven en detrimento de la investigación académica, pero conviene recordar que llevamos años clamando por un mayor compromiso del mundo empresarial con la investigación, por mayores posibilidades de empleo de nuestros jóvenes investigadores en el sistema productivo y por mayor apoyo de empresarios y políticos a la ciencia. Los mecanismos previstos por la ley permitirán ensamblar de forma más eficiente las políticas de innovación con las de ciencia y tecnología y la clase política, nuestra sociedad, ha apostado por ello de forma casi unánime. Así que ahora es el momento: la comunidad científica no puede fallar.