Aunque ella no sea santo de su devoción, la verdad es que algunas políticas de ESPERANZA AGUIRRE están siendo abrazadas con entusiasmo por otros barones territoriales de su partido. La más polémica, al menos hasta ahora, se refiere a la entrega de parcelas cada vez mayores del sistema sanitario a la iniciativa privada. Pero últimamente hay otra que ha empezado a extenderse como una mancha de aceite por las comunidades autónomas bajo gobierno del PP: la liberalización de los horarios comerciales.

La Comunidad de Madrid tiene previsto promulgar en las próximas semanas una normativa que suprime los límites actuales y, de paso, simplifica los requisitos legales para la apertura de nuevos establecimientos. Cuenta para ello con el apoyo de la patronal regional (CEIM), que preside el restaurador ARTURO FERNÁNDEZ, y de la Confederación Madrileña de Comercio y Servicios (CECOMA), a cuyo frente se encuentra SALVADOR SANTOS CAMPANO, máximo responsable también de la Cámara de Comercio.

Sin embargo, no todo son parabienes por la iniciativa de Esperanza Aguirre. Ni la organización que agrupa a las tiendas donde se venden productos textiles, a las perfumerías y a las peleterías (COCEM) ni la Confederación Española del Comercio (CEC) están conformes con la liberalización, porque, según dicen, beneficia a las grandes superficies y perjudica a las pequeñas. En más de 100.000 puestos de trabajo han cifrado el quebranto que la regulación en ciernes puede causar en materia de empleo.

Esta controversia, pese a ser pública y notoria, no ha echado para atrás a otros dos presidentes autonómicos que parecen dispuestos a seguir la senda que ha desbrozado Esperanza Aguirre. FRANCISCO CAMPS en la Comunidad Valenciana y JUAN VICENTE HERRERA en Castilla y León han iniciado negociaciones con los empresarios del sector para actualizar la regulación del comercio, so pretexto de hacerlo más competitivo. En el segundo caso late además un miedo justificado a que algunas firmas, que prefieren menos intervencionismo, huyan a la cercana Madrid.

Al final, como siempre, la clave radica en la opción que cada gobierno coja. JOSÉ MONTILLA ha consolidado un sistema muy restrictivo, en línea con las demandas de los botiguers, cuya capacidad de influencia política y social es de sobra conocida en Cataluña.

Esas restricciones no son bien vistas por la Comisión Europea, que ha denunciado por ello a España ante el Tribunal de Luxemburgo, después de varias advertencias que cayeron en saco roto. En 2010, de todas formas, todas las normativas nacionales tendrán que haberse adaptado a la directiva comunitaria sobre servicios, que levanta muchas de las trabas burocráticas que son moneda común en España.

Montilla, en su época de ministro, ya intentó poner coto a la posibilidad de apertura del comercio en festivos, al rebajarla de 12 a 8 días. Algunas autonomías, haciendo uso de sus prerrogativas, ampliaron el límite a pesar de todo. Madrid fue más lejos que ninguna y puso el tope en 22 días. PEDRO SOLBES, por razones de política económica interna y de coherencia con el modelo europeo, nunca estuvo de acuerdo con aquella iniciativa de Montilla, pero acabó perdiendo el puso con él.

A Esperanza Aguirre no sólo le han salido seguidores en otros territorios gobernados por el PP. Incluso su enemigo político número uno, el alcalde de Madrid, ha aplaudido la futura normativa regional sobre el comercio. ALBERTO RUIZ GALLARDÓN aprovechó el martes la conmemoración del trigésimo aniversario de CEIM para darle su respaldo a la presidenta. El Ayuntamiento ha logrado mantener la segunda licencia para la expedición de bebidas, que la Comunidad quería suprimir.