El concepto mismo de “jornada de reflexión” es muy anterior a la era digital. Más allá del paternalismo simplista del invento (como si una decisión tan compleja, íntima y trascendente pudiera surgir de un paseo por el campo), hoy es imposible no toparse en las redes sociales con un argumento a favor o en contra de cada opción ideológica. La comunicación global es incompatible con unas reglas arcaicas que pretenden prohibir por un día la libertad de expresión o el derecho de reunión. ¿Acaso Twitter no es ya una reunión abierta en la que cada cual opina brevemente sin acallar al otro a base de gritar más? ¿No habría entonces que cerrar hasta el lunes todas las parroquias en las que el cura envía al infierno a quien no vote a la derecha? ¿Podría la Junta Electoral decretar un apagón digital? La posibilidad suena absurda, pero no mucho más que la presión política y mediática de las últimas horas para que la Policía disuelva a porrazos a los miles de manifestantes que ocupan las plazas de las ciudades españolas. El invento de la jornada de reflexión también obedecía a supuestas razones de orden público. Se trataba de relajar la tensión entre distintas opciones políticas para que los ciudadanos acudieran a las urnas sin la menor presión ambiental. Los indignados (se compartan o no sus reivindicaciones) han dado hasta el momento una lección de comportamiento cívico. Reflexionan en voz alta, cosa que parece molestar al pensamiento único.