Ciertos políticos y personajes públicos imputados en casos de corrupción tienen por costumbre marear la perdiz en los tribunales. Para tal labor cuentan con el asesoramiento de prestigiosos y carísimos despachos de abogados, expertos en buscar tres pies al gato en cada auto judicial o en cada trámite burocrático, de forma que los procesos se vayan dilatando mucho más de lo que ya de por sí los retrasa la propia maquinaria de la justicia. Carlos Fabra, expresidente de Castellón y uno de los líderes más influyentes en el PP, ha demostrado tanta suerte en estas lides como en la elección de los décimos de Lotería. Hasta nueve jueces y cuatro fiscales han iniciado desde cero este enrevesado caso y, en diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón declaró prescritos cuatro delitos contra la Hacienda Pública de los que estaba acusado, además de tráfico de influencias y cohecho continuado. Ayer, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que revoca la prescripción y obliga a la citada Audiencia a sentar en el banquillo al todopoderoso Fabra, considerado por Mariano Rajoy “un ciudadano y un político ejemplar”, aunque más conocido por ser titular de 94 cuentas corrientes y conseguir que la declaración de la renta le saliera “a devolver”. El Supremo no sólo pone en su sitio (de momento) a un cacique que presume de lavar en las urnas sus presuntos delitos, sino también a ciertos tribunales cuyas decisiones no resisten un examen jurídico riguroso.