No debe sorprender ya la insistencia con la que gobernantes y analistas firman partes de defunción del sistema público de pensiones. Lo que causa cierta perplejidad es que además pretendan que nadie discuta los vaticinios de esos agoreros empeñados en salvar al resto del mundo en cómodos plazos. Si el pronóstico que lanzaron a mediados de los noventa hubiera sido acertado, la Seguridad Social andaría hoy criando malvas.

Aquella falsa alarma supuso, además de algunas reformas necesarias, un crecimiento vertiginoso del negocio de los fondos privados, que ahora mueven en España más de 84.000 millones de euros. El estallido de la crisis inmobiliaria y financiera ha puesto en evidencia que el verdadero riesgo de quiebra lo sufren precisamente los planes privados, y no los públicos. Para mantener y elevar su rentabilidad, los gestores de los fondos (actores principales de los enigmáticos mercados) han invertido en esos productos de riesgo que originaron la explosión de la burbuja especulativa.

Su rentabilidad –que nunca fue la prometida– ha caído en picado, mientras la Seguridad Social goza de superávit. Los números confirman lo que cabía sospechar: cuanto más sólido sea el futuro del sistema público, más difícil es la captación de fondos para el negocio privado. El apocalipsis que vuelve a planear sobre otro mimbre del Estado del bienestar tiene más relación con ese hundimiento del sector privado que con la pirámide demográfica.