Núria Bosch

Una vez acordado el nuevo sistema de financiación autonómica, es la hora de abordar la financiación local. Dados los graves problemas financieros que sufren actualmente los gobiernos locales, no se puede posponer más la reforma en profundidad de su financiación. La tributación local, excepto algunos cambios como la supresión parcial del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), deriva de 1987 con muchos aspectos problemáticos que deberían reformarse; la participación local en los ingresos generales del Estado es insuficiente y sus criterios de distribución inadecuados; las participaciones locales en los ingresos autonómicos están por desarrollar; una parte importante del gasto municipal corresponde a servicios impropios (competencia de otros niveles de administración), sin que el sistema de financiación actual los cubra; el peso de los gobiernos locales dentro del sector público es parecido al del inicio del período democrático; las participaciones locales en los grandes impuestos estatales han de adaptarse a los nuevos porcentajes autonómicos de participación, y así podemos continuar con un largo etcétera.

Además de estos problemas, la actual crisis financiera castiga fuertemente a las arcas municipales al basarse en tasas e impuestos relacionados con la actividad inmobiliaria. La caída recaudatoria de estas figuras es notable.

La reforma de la financiación local tiene que apostar por un fortalecimiento de la imposición sobre la propiedad inmobiliaria a través del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). El uso de beneficios fiscales en este impuesto debería minimizarse al objeto de ampliar su recaudación. Asimismo, si se quiere que el IBI cumpla una función preventiva contra la retención especulativa del suelo edificable, se deberían autorizar tipos diferenciados y progresivos en el tiempo con los que incidir sobre comportamientos especulativos. Por último, la aproximación de los valores catastrales a los reales de forma suave y pacífica debe ser un objetivo de cualquier reforma de la Hacienda local. Se debe mejorar la gestión catastral y permitir la cooperación interadministrativa para optimizarla.

El IBI debería complementarse con una imposición que se adecuase a la nueva filosofía que vincula la financiación local a la prestación de servicios personales. Ello exige una mayor vinculación entre fiscalidad local y variables económicas como renta y consumo, frente a un esquema de financiación local apoyado en la imposición sobre la propiedad y vinculado a la prestación de servicios locales relacionados con la propiedad inmueble. Por ello, la tributación sobre la renta personal debería ser susceptible de ser aprovechada por los ayuntamientos a partir de una cierta dimensión. Ello daría mayor flexibilidad al sistema impositivo local en épocas de expansión económica. Ahora bien, el impuesto central debería ser el IBI, mucho más estable en su rendimiento que la renta al no depender como este último del ciclo económico. Ahora toca reformar la financiación local. Los gobiernos locales no pueden afrontar un nuevo ejercicio presupuestario sin que el Gobierno central tome alguna medida al respecto.

Catedrática de Hacienda Pública