NÚRIA BOSCH

Catedrática de Hacienda Pública

El gasto que realizan los municipios españoles representa aproximadamente el 11% del total del gasto público español. Si a este porcentaje le añadimos el gasto de las demás administraciones locales (diputaciones, áreas metropolitanas, comarcas, etc.), la cifra llega al 13%. Este porcentaje es más pequeño que en otros países también con tres niveles de gobierno (central, autonómico o intermedio, y local) como España. En Suiza, el peso del gasto local sobre el total de gasto público es de un 22%; en Canadá, del 16%, y en Estados Unidos, del 26%.

Otras diferencias entre los gobiernos locales españoles y los de estos países derivan de la tipología del gasto. En lo referente al gasto social, España tiene una estructura de gasto local en la que tanto en sanidad como en protección social y, especialmente, en educación se encuentra por debajo de la media de los países de la OCDE. Así, el gasto local en educación representa un 4% del gasto público total de los gobiernos locales españoles. En cambio, en Canadá y Estados Unidos se eleva a más del 40% del gasto local; en Suiza, al 23%, y el gasto local medio en educación de la Unión Europea de los quince también supera el 20%.

La estructura del gasto social que llevan a cabo los municipios españoles de media es la siguiente: seguridad y protección social (46,1%), educación (26,5%), promoción social (19,8%) y sanidad (7,6%). Ahora bien, el análisis de dicho gasto por comunidades autónomas evidencia una gran disparidad y heterogeneidad en los resultados, tanto en cuanto a su magnitud como en la composición del mismo. Destacan dos grupos de comunidades, por situarse en las posiciones más extremas. Entre las comunidades con un mayor gasto social municipal están Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha y Extremadura. En situación opuesta, es decir, entre las comunidades con un menor gasto social municipal figuran Castilla-León, Cantabria, Aragón y La Rioja. Las posibles explicaciones a estos comportamientos tan dispares entre autonomías pueden proceder de las distintas necesidades de gasto, distintas preferencias, distintos costes de provisión, distinto tamaño poblacional, distinto nivel de cobertura de estos gastos por parte de otras administraciones, etc.

No obstante, aunque el sector público local español es más raquítico que en los países mencionados y su gasto social es menor, es de destacar que una parte importante del gasto social que los gobiernos locales realizan corresponde a servicios que no están obligados a proveerlos por ley, sino que los prestan para dar respuesta a las necesidades que van emergiendo. Por tanto, los gobiernos locales españoles destacan por la importancia que tienen para los ciudadanos en la satisfacción de su demanda de servicios públicos.

En definitiva, junto a la tan demandada y necesaria reforma de la financiación local, es necesario también revisar su nivel competencial. Primero, para equiparar a nuestros gobiernos locales en materia de competencias a los países de nuestro entorno y, segundo, para equiparar su marco de financiación a la cuantía y naturaleza de las servicios que prestan.