ALFONSO EGEA DE HARO

Profesor de CIencia Política

Para acabar de no comprender lo que está ocurriendo llega el anuncio-amenaza de una posible reducción de la calificación de la deuda pública española. Moody’s, la única agencia que mantenía la máxima calificación para España, fundamenta su posible revisión en las dudas acerca de la capacidad de crecimiento de la economía española. El anuncio llega precisamente cuando el objetivo principal de los planes de ajuste era contener el déficit público y despejar así cualquier duda acerca de la solvencia de las economías nacionales. De esta manera, parece que cualquier decisión que adopte un gobierno, ya sea de estímulo de la economía o de ajuste para reducir el déficit público no tiene una valoración unánime. La aceleración del deterioro económico había obligado a varios países europeos a adoptar planes de ajuste que han sido ensalzados por las instituciones comunitarias y los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional). Estos planes son ahora los que amenazan la capacidad de crecimiento de los países y motivan la revisión de la calificación de la deuda pública.

En este contexto, no sorprende que el resultado de la última cumbre del G-20 haya sido que todo vale, ajuste o estímulo, y que los gobiernos adoptarán, individualmente, las medidas que más les convengan. En la Unión Europa ya conocemos que la reducción del déficit público es lo más conveniente, para todos. Incluso, para disipar cualquier duda, se ha planteado la necesidad de endurecer las sanciones a los gobiernos que no respeten este objetivo. Sanciones que podrían llegar a la pérdida del derecho de voto en el Consejo de la Unión Europea o la reducción de los fondos estructurales y de cohesión.

Pero detrás de esta sucesión de acontecimientos se esconde un fenómeno preocupante y que es el escaso control democrático de la política económica. Esta parece manejarse por unas reglas tan deterministas como desconocidas.

Y puesto que lo más importante parece ser la capacidad de los gobiernos por convencer a los mercados de su solvencia y conseguir financiación en las subastas de deuda pública, la pregunta que debemos hacernos es: ¿quiénes son los suscriptores de esa deuda pública? El conocimiento de quiénes son los acreedores de los países permitiría arrojar algo de luz acerca de esta valoración cambiante sobre la política económica a seguir y, al mismo tiempo, reequilibrar la relación entre política y economía.