FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

La normativa sobre el Gobierno Valenciano establece que al presidente de la Generalitat Valenciana le corresponde el tratamiento de “Molt Honorable”. Ese es el que le ha dado el magistrado-instructor cuando en su auto ha declarado que no procede el sobreseimiento libre y archivo de la causa, por existir suficientes indicios racionales para estimar que los hechos que en esa resolución se imputan “al Muy Honorable Sr. Presidente de la Generalidad Valenciana”, pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho.

Este tipo de fórmulas arcaicas no tienen mucho sentido en la actualidad. Es un gran honor representar a la ciudadanía, pero no se es más honorable por ocupar un cargo político que por realizar cualquier otra función social o por estar en la cola del paro. Si embargo, la ampulosidad de la fórmula no hace sino resaltar la incongruencia que supone la pretensión de Camps de aferrarse al cargo y de no darse por enterado de todo lo que está pasando en el procedimiento judicial. El tratamiento legal del presidente resulta especialmente significativo cuando se utiliza, como es el caso, en una resolución judicial, en el marco de un procedimiento penal en el que ha sido imputado. Ese tratamiento implica una serie de responsabilidades y de deberes que le corresponden al cargo público, cuyo cumplimiento queda en entredicho cuando se cuestiona hasta ese punto su auténtica “honorabilidad”.

El presidente Camps tenía previsto comparecer ante la ciudadanía en las próximas elecciones autonómicas, para revalidar su mandato. Sin embargo, si las actuaciones judiciales siguen su curso, lo va a tener que hacer antes y no en un proceso electoral, sino en un proceso penal frente a los ciudadanos y ciudadanas que integrarán el tribunal del jurado. La incomodidad con la que se puede desarrollar el juicio resulta predecible, si pensamos en el tipo de preguntas que se le pueden hacer a Camps: ¿admitió el Muy Honorable Sr. Presidente dádivas o regalos en consideración a su función...? Pese a que el magistrado-instructor ha sido bastante benévolo en la calificación de los hechos, el Muy Honorable ya no será nunca más el que era después de este proceso. Si el tribunal del jurado declarada probados esos hechos, la distancia entre la alta consideración pública que la ley le otorga y su comportamiento personal resultará insalvable.

Con su empeño en no dimitir y su pretensión de desvincularse del proceso judicial, Francisco Camps está llevando con él al banquillo de los acusados, de manera simbólica, a todas las personas a las que representa en la Comunidad Valenciana. Cada vez que le pregunten en su calidad de Muy Honorable, no lo harán a un individuo cualquiera que pudo haber cometido un delito, sino a la persona que ostenta la suprema representación de la comunidad autónoma.

Es una nueva falta de respeto a quienes lo votaron y al conjunto de la sociedad valenciana. Pero, teniendo en cuenta los antecedentes, podemos aventurar que también esta lamentable marca está destinada a ser superada en el futuro.

Catedrático de Derecho Constitucional