Al comunicado de ETA le sobran unas cuantas palabras y le faltan, como mínimo, un par de ellas. Le sobran todas aquellas que reflejan planteamientos políticos, como “las claves de la territorialidad y el derecho de autodeterminación”, “formulación del reconocimiento de Euskal Herria y su derecho a decidir”... Todo eso sobra porque sólo puede interpretarse, una vez más, como un precio político que la banda pretende cobrar antes de entregar las armas. Si ETA hubiera asumido lo que le exigen el pueblo vasco, el Estado, las víctimas y el resto de la ciudadanía, el comunicado habría sido más breve aún. Bastaba con anunciar su disolución. “Agur”.

Y ceder a la izquierda abertzale, que ya ha proclamado su rechazo a la violencia y su apuesta por las vías exclusivamente políticas, cualquier reivindicación que pudiera someterse al debate democrático. Habría facilitado así su legalización. Es cierto que el “carácter general” de este “alto el fuego permanente” supone la importante novedad de la renuncia a todo tipo de extorsión. Su “verificación por la comunidad internacional” también es un avance, aunque ofrece aristas complejas en su ejecución. El “compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada” sonaría mucho más creíble sin esa previa introducción política. A este “alto el fuego”, sin duda el más convincente tras casi cinco décadas de terrorismo, le faltan dos apellidos: “definitivo” e “irreversible”. Lástima.