Antonio Izquierdo

Acabamos de conocer dos datos que conviene repensar. El primero apunta a que el 44% de los inmigrantes que llegaron en 2008 lo hizo sin tener un empleo previo, y el segundo afirma que aumenta la permanencia y la naturalización de los extranjeros. Uno refleja el alcance del sistema de inmigración irregular y motiva la reciente reacción del Gobierno para impedir que el desempleo ilegalice a la persona. El otro certifica que muchos extranjeros están decididos a dejar de serlo y nos pone delante de su acceso a la función pública y al derecho de voto. Resulta evidente que, en el interior de las tensiones actuales, se mezclan motivos de irregularidad con firmes procesos de integración legal. Ocupémonos hoy de los segundos; es decir, de la inmigración hacia dentro.

Según datos que ha generado la Encuesta de Población Activa, el 62% de los extranjeros lleva más de un lustro residiendo en España y un tercio de los africanos y asiáticos hace más de diez años que vive aquí. Por su parte, el registro del Observatorio Permanente de la Inmigración muestra que siete de cada diez extranjeros tienen asegurada su residencia legal, lo cual los habilita para trabajar en igualdad de condiciones con los españoles. Es importante destacar que la discriminación laboral y el rechazo social no han impedido que el 60% de los marroquíes y argelinos consigan la residencia permanente. Su racialización es rentable económica y electoralmente, pero las barreras para su nacionalización y promoción ocupacional tendrán un alto coste social y generacional. Ellos constituyen el agujero negro de la integración.

En la crisis se ha consolidado el asentamiento por cálculo y por voluntad. Saben que si se van ahora, les será difícil volver y además están decididos a convertirse en ciudadanos con derechos políticos. Por eso han crecido las renovaciones de los permisos más duraderos. Esta voluntad de afincarse implica que los inmigrantes se han ganado el derecho a denunciar públicamente las injusticias que se cometen con ellos. De modo que el hecho de que aumente su visibilidad y sus reivindicaciones es una señal de integración, de que forman parte de la sociedad y no tienen miedo a expresarse. Socialmente son lo que mantienen en público.

Asimismo crece la adquisición de la nacionalidad española producto de una residencia continuada. Más de 84.000 extranjeros se han naturalizado en el año 2008 y 364.000 lo han hecho desde 2001. A estos nuevos nacionales, que lo son por su voluntad de vivir aquí, se añade el aumento de los nacidos extranjeros que, al cabo de un año de vida, devienen españolitos. Seremos, cada día que pasa en una medida mayor, un país de españoles que han nacido en otra nación y de nacidos aquí de padres inmigrantes con definidos rasgos étnicos.

Los datos de la inmigración hacia dentro demuestran que la sociedad española tiene capacidades de integración. Los conflictos abiertos presuponen un reconocimiento del grado de incorporación logrado y revelan los límites en cada contexto. Los inmigrantes ya están siguiendo distintos y asimétricos procesos de identificación en los barrios, escuelas, mercados laborales y políticos.

Catedrático de Sociología