Un solo punto de la reforma laboral decidida por el Gobierno habría justificado la huelga general convocada para hoy por los sindicatos mayoritarios. El artículo 2 de la ley aprobada con los votos del PSOE gracias a la abstención de CiU y PNV facilita a las empresas los despidos por causas económicas (con indemnización de 20 días por año trabajado) “en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos...”. Lo cual equivale en la práctica al despido libre y muy barato, porque el contable más torpe es capaz de dibujar una previsión de pérdidas o disminución de ingresos aun en ciclos de bonanza si eso es lo que le interesa al empresario. Durante los meses que lleva en vigor, los datos demuestran que esta reforma tampoco reduce la precariedad laboral ni la temporalidad, principal característica del mercado español y una de las causas que explican la rapidez con la que aquí se crea empleo en épocas de vacas gordas (burbuja inmobiliaria) y se destruye cuando vienen mal dadas. Otras medidas como la anunciada reforma de las pensiones públicas o los recortes múltiples y variados al Estado del bienestar constituyen también argumentos fundados para que los sindicatos utilicen su principal arma de presión y protesta: el derecho a la huelga.

Pero, con ser importantes todos estos argumentos, lo que hoy está en juego trasciende la legítima confrontación entre los intereses de empresarios y trabajadores; o la lógica indignación de un electorado progresista hacia un Gobierno que pone en práctica medidas casi tan injustas para los más débiles como las que con toda seguridad aplicaría un gobierno conservador. Ha sido el propio presidente, con su explicación de las razones que lo llevaron en junio a poner en marcha los duros ajustes, el que ha puesto en evidencia los graves riesgos que corre la democracia en su pulso con el capitalismo globalizado. Zapatero ha argumentado que “no tenía otro remedio” que atender las exigencias de los mercados para evitar la quiebra financiera del Estado. Lo cual equivale a asumir que el poder real en esta democracia no lo ejercen los representantes elegidos por los ciudadanos, sino otros individuos cuyas decisiones e intereses particulares condicionan que un país pueda o no arruinarse. El problema de esta quiebra democrática no es exclusivo de Zapatero, aunque resulta obvio que Merkel, Berlusconi o Sarkozy visten mucho más cómodos el traje de corte neoliberal.

Aquí no se trata sólo de denunciar la meridiana injusticia de que los causantes de la gravísima crisis financiera sean en parte los mismos que ahora dictan soluciones supuestamente indiscutibles. Hoy no sólo está en juego la defensa del Estado del bienestar frente a quienes aspiran a descuartizarlo y a desregular aún más la economía especulativa. Sobre el tapete de esta huelga general está en juego el sentido mismo de la democracia: los ciudadanos deciden en las urnas quiénes deben ejercer el poder durante cada legislatura. Se equivoca Zapatero al ceder a otros poderes no sólo el qué sino el cómo de una política económica. Y no se entera Rajoy si de verdad cree que el 29-S no va con él. Los sindicatos se juegan mucho, sí, pero los políticos y el resto de los ciudadanos se juegan incluso más.