Por si no teníamos bastante con el recuento diario de infectados y víctimas del coronavirus, la ministra de Defensa ha tenido a bien añadir otro dantesco círculo a nuestro infierno: las residencias de mayores. Fue ayer lunes, en ese gran confesionario nacional que es el programa de Ana Rosa. El Ejército, encargado ahora de la desinfección y auxilio de estos centros, habría contemplado toda suerte de horrores, desde ancianos abandonados a su suerte a otros muertos en sus camas. “Vamos a ser absolutamente implacables y contundentes”, dijo la ministra, y horas después la Fiscalía ya anunciaba la apertura de una investigación.

Sin más datos que un simple apunte, la revelación de Margarita Robles era para poner los pelos de punta a cualquiera, especialmente a los familiares de los residentes, quienes desde hace días tienen prohibido las visitas. Ni era pertinente soltar la bomba en este magazine televisivo ni parece que la realidad se compadezca con esta horripilante descripción de los geriátricos. ¿Ancianos muertos en sus camas? Pues seguramente, porque el propio protocolo establece que en caso de fallecimientos no deben tocarse los cuerpos hasta que los empleados de la funeraria, provistos de bolsas herméticas y equipos de protección, los retiren. Bastaba con escuchar el anuncio del alcalde de Madrid de que la Funeraria Municipal dejaría de recoger a los fallecidos por coronavirus por carecer de los medios adecuados para entender el colapso de estos servicios. Sí, este pasado fin de semana habría muertos en sus camas esperando a ser recogidos, pero el cuento de terror no es exactamente como lo ha contado la ministra.

Es verdad que el coronavirus está haciendo aflorar las miserias de nuestra avanzada sociedad. Si algunas residencias de mayores ya estaban en una indignante precariedad antes de esta plaga, no podía esperarse que la situación fuera a mejorar de repente. Las autoridades competentes, es decir, las comunidades autónomas, se han venido pasado por el forro las quejas y denuncias del personal de los centros, de los allegados, del Defensor del Paciente y del Defensor del Pueblo. Y sabiendo que se trataba de un colectivo vulnerable, con plantillas desbordadas y sin equipos adecuados, se les ha prestado tarde el auxilio necesario.

Hace un par de años, la Plataforma para la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (PLADIGMARE) resumía así unas deficiencias que sólo afloraban en casos excepcionales pero que revestían carácter general: “Insuficiencia de personal, que se traduce en colas para poder utilizar el aseo, instrucciones para que hagan sus necesidades en los pañales (que para eso los llevan, les dicen), descontrol en la medicación pautada, uso excesivo de sujeciones, extravío de prendas y prótesis de todo tipo, insuficiente atención para dar de comer a los que no se pueden valer por sí mismos, descontrol e incumplimiento de los cambios posturales de los encamados que ingresan en los hospitales desnutridos y con úlceras en las extremidades inferiores por presión, imposibilidad de sacar a los residentes sin autonomía en su movilidad a pasear por los patios y jardines interiores, lamentable estado, a veces, de las instalaciones, con mal funcionamiento del aire acondicionado en verano y de la calefacción en invierno, vajillas descascarilladas, paredes y techos deteriorados, baberos en mal estado, incumplimiento de la necesaria atención individualizada, régimen alimenticio sin la diferenciación que requieren las situaciones particulares de muchos de los residentes…”. Poco o nada se ha corregido desde entonces. ¿Qué esperaba pues encontrar doña Margarita?

Periódicamente, los sindicatos sanitarios han denunciado cargas de trabajo desproporcionadas, que obligaban, por ejemplo, a cada trabajador de enfermería a prestar servicio a más de cien residentes al día. ¿Es posible que con ratios semejantes la atención que se dispensara a los ancianos fuera la adecuada? ¿A qué se han dedicado los servicios de inspección, cuyas actas en la Comunidad de Madrid no se hacen públicas alegando un escrupuloso respeto a la protección de datos? Es fácil imaginar el panorama actual, con las plantillas diezmadas por la infección, sin trajes ni mascarillas ni test. Era fácil, como se decía, presagiar el sindiós.

El coronavirus ha sido el acelerante de un caos que ya estaba latente. Se ha convertido la atención geriátrica de un país muy envejecido en un negocio, al que se ha dado entrada a múltiples operadores privados, incluidos fondos de inversión, ya fuera para la gestión de centros públicos o para regentar los suyos propios. Y se ha impuesto la lógica del beneficio, amigos, la consideración de los ancianos como un floreciente mercado del que sacar tajada y que cada año mueve miles de millones de euros. ¿De verdad alguien puede pensar que conglomerados de este tipo iban a anteponer los cuidados a la cuenta de resultados? ¿Qué tiene que decir de esto la presidenta de Madrid, cuyo partido es el principal artífice de la privatización de estos servicios?

Conociendo estos antecedentes, se comprende aún menos el tenebroso ‘descubrimiento’ de la ministra de Defensa, como si quisiera colgarse alguna medalla en la pechera. ¿Culparemos a los trabajadores por enfermar o tener miedo cuando, como denunciaba el Defensor del Paciente en el caso de la residencia Santa Hortensia, con más de una veintena de fallecidos y decenas de empleados contagiados, no se disponía ni de termómetros ni se habían practicado pruebas de detección ni a sanitarios ni ancianos? ¿No era misión de su Gobierno anticiparse a los acontecimientos? ¿Hará Robles lo mismo que con las bombas láser de Arabia Saudí, denunciar primero que las vendemos y luego implorar de rodillas el perdón de su embajador?”. ¿A qué está jugando, señora ministra?