Un representante de la Justicia, por fin, ha dado la cara. La ciudadanía estaba preocupada porque el PP en masa, siguiendo la consigna de su líder, denunció el fin del Estado de Derecho, la eliminación fulminante de la independencia judicial y el retorno a la persecución política como en tiempos de la dictadura. Todo porque lo que parecía un hecho de corrupción aislado se estaba convirtiendo en “una causa general”, según palabras del propio Rajoy, contra el PP (dada la cantidad de imputados en delitos de corrupción). Olvidan que fueron miembros de su partido los que denunciaron los hechos que nos han traído hasta aquí. ¿Quién tiene la culpa de que el partido esté lleno de “presuntos inocentes”? La escucha de las conversaciones telefónicas en las que relatan lo que van a trincar y cómo se lo van a repartir provoca náuseas. Que esto no genere un verdadero shock en la cúpula del partido y que, lejos de eso, se organice una defensa numantina de los “presuntos”, con la colaboración de los medios afines, causa terror. Al menos, en aquellos que creen que la democracia es mejor que otros sistemas que ya hemos conocido.

Finalmente ha habido respuesta, ha corrido a cargo de Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, para alertar de que Garzón podría estar cometiendo prevaricación. De lo otro nadie dice nada. Sale el señor De Rosa en defensa de Fransico Camps, ahora sí, desde la independencia, olvidando que su anterior cargo era, precisamente, el de consejero de Justicia en el Gobierno del imputado. Pero no nos aclara si seguimos, o no, en un Estado de Derecho.

El CGPJ, como los gatos, cuando se le reclama no acude y, cuando nadie le llama, aparece al rescate. Bueno, a lo mejor sólo atiende a una llamada.