La Fiscalía de Valencia ha determinado que fue legítimo pagar 15 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por un proyecto de tres torres, aun sabiendo que los problemas jurídicos en torno a la titularidad de las parcelas donde se ubicarían como los derivados de encontrarse en la senda de aproximación al aeropuerto hacían imposible su construcción. El argumento definitivo es que, siempre que el contrato sea legal, no corresponde a la Justicia valorar el gasto porque el derroche de dinero público no una fechoría perseguible. Acabáramos.

Esta novísima jurisprudencia permite desterrar del Código Penal la figura de la malversación, que es un delito muy antipático y fuente de muchos disgustos. Asimismo, abona el camino a los emprendedores, que son los como los empresarios de siempre pero sin corbata. Supongamos al mismo Calatrava diseñando un puente sobre los Pirineos, una base lunar de hormigón blanco y aire mediterráneo o una estación de AVE en El Hierro, ahora que las erupciones volcánicas están haciendo crecer la isla. Con un contrato en regla firmado con una administración, nadie tendría por qué poner en cuestión ni sus honorarios ni la munificencia del político, que además ya se sabe que este hombre con los Gobiernos del PP trabaja a precio de amigo.

La noticia habrá relajado mucho al yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, al que un juez está molestando por un quítame allá un pastizal. ¿Qué pinta un magistrado valorando si los contratos que firmó su fundación con el Gobierno de Baleares en la etapa de Matas estaban hinchados? ¿Qué importancia tiene que el coste real de los eventos que organizó fuera inferior en dos millones de euros a lo que realmente facturó? ¿Acaso esos contratos no eran tan legales como el de Calatrava?

Antes de que el fiscal arrojara luz sobre esta cuestión, nos empeñábamos absurdamente en buscarle tres pies al gato y hasta nos parecía sospechoso que el Ayuntamiento de Madrid regalara 22 millones a Florentino Pérez para saldar el contencioso sobre una parcela que el propio Real Madrid contabilizaba en 488.000 euros. Habiendo contrato, no hay caso.