En un país donde casi dos terceras partes de los trabajadores se jubilan antes de los 65 años, llama la atención que un grupo de ellos se pongan de acuerdo para prolongar su vida laboral. Ocurre, sin embargo, que no se trata de unos trabajadores cualesquiera, sino de los consejeros de algunas corporaciones que se resisten a perder los importantes réditos que sus lustrosos puestos les proporcionan.

Se han acogido a esa prerrogativa en los últimos días el BBVA, que ha elevado de 65 a 70 años la edad de cese forzoso de sus administradores, y Telefónica, que ha eliminado de un plumazo todas las restricciones que mantenía al respecto. En ambos casos, los beneficiarios inmediatos serán sus presidentes, ya que tanto FRANCISCO GONZÁLEZ como CÉSAR ALIERTA tenían la fecha de caducidad bastante cerca, pues hace tiempo que cumplieron los 60.

Los dos han seguido el camino que señaló EMILIO BOTÍN nada más convertirse en el único número uno del Santander tras la renuncia bien remunerada de JOSÉ MARÍA AMUSÁTEGUI. El cántabro, como dueño y señor del banco, levantó sin ningún complejo los límites que la propia reglamentación interna le imponía para continuar siendo primer ejecutivo después de los 72 años, que de hecho ya ha sobrepasado.

Se da la paradoja de que todo esto tiene por escenario unos grupos cuyas plantillas han sido drásticamente rejuvenecidas a golpe de incentivos con la impagable colaboración del Estado, que suele correr con buena parte de los gastos cuando el instrumento utilizado para ello son las jubilaciones anticipadas.

Tanto el BBVA, a raíz de la incorporación de Argentaria, como el Santander, después de la disimulada absorción del Central Hispano, recurrieron profusamente a ese procedimiento para librarse del excedente de personal con que se encontraron. El fenómeno debería haber remitido en 2004, último ejercicio en que les estaba permitido cargar el coste de las prejubilaciones contra reservas. Pero al siguiente aún hubo 925 en el BBVA y 874 en el Santander. Luego la cosa se ha calmado.

Como consecuencia de esta política, ahora resulta muy difícil encontrar en sus sucursales empleados con más de 55 años, aunque los hay, mientras que la base de la pirámide laboral, por el contrario, se ha ensanchado debido al reclutamiento preferente de jóvenes, en su mayoría titulados universitarios, pero con menos experiencia y peor retribuidos en general que los veteranos.

La situación en Telefónica es bastante parecida a la de los dos grandes bancos españoles. Actualmente cuenta con una legión de prejubilados (alrededor de 3.000, según datos sindicales), que han ido descolgándose­ de la operadora en los sucesivos ajustes realizados y que no han alcanzado todavía los 65 años.

Ellos y sus compañeros procedentes del BBVA y del Santander probablemente se remuevan incómodos ahora al comprobar cómo se resisten a ceder el paso quienes con tanta premura amortizaron sus puestos de trabajo.