JORGE CALERO

Hace unos días el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Affordable Health Care for America Act (Ley de Sanidad Asequible). Un paso importante en la reforma sanitaria a la que se comprometió el presidente Obama en su programa electoral. En las próximas semanas el Senado debe elaborar su propia propuesta y negociar con el Congreso hasta alcanzar, en su caso, una redacción final para la ley.

La ley introduce reformas que podrían ser consideradas modestas desde el punto de vista de un observador europeo. Sin embargo, las enormes dificultades que ha conllevado su aprobación en el Congreso y la previsiblemente mayor dificultad que supondrá su aprobación en el Senado dejan claro que los avances introducidos en esta ley son los máximos admisibles en el contexto político e ideológico estadounidense. La muy comedida intervención pública en los mecanismos del mercado sanitario que plantea la ley ha provocado manifestaciones de ciudadanos a favor de la libertad de elección; en alguna pancarta se podía leer: “Ya tuvimos suficiente con el socialismo de la Unión Soviética”. Se han puesto en marcha, también, todos los mecanismos de lobby en defensa de la libre actuación de las empresas vinculadas al sector sanitario. Ya en 1994, acciones similares consiguieron bloquear la propuesta de reforma liderada por Hillary Clinton.

¿Y de qué modo pretende la ley distorsionar el libre funcionamiento de los mercados y erosionar la libertad de elección? Hasta ahora, la intervención pública se había limitado esencialmente a proporcionar un programa de seguro sanitario para las personas de mayor edad (Medicare) y para las personas con menos recursos económicos (Medicaid); en torno al 15% de la población no dispone de ningún seguro sanitario. La nueva ley introduce, en esencia, modificaciones en cuatro áreas.

Primero, en el área de la regulación, exigiendo que todos los ciudadanos obtengan un seguro sanitario. También, prohibiendo que las aseguradoras discriminen (privándoles del seguro o incrementando sus primas) a los clientes con problemas de salud.

Segundo, en el área del gasto, expandiendo el programa Medicaid para que cubra a ciudadanos con ingresos hasta el 150% del nivel de pobreza y, por otra parte, proporcionando un subsidio a las rentas menores para ayudar a pagar los seguros.

Tercero, en el área de la financiación, introduciendo un nuevo impuesto, con un tipo del 5,4%, sobre las personas con rentas superiores a medio millón de dólares (o las familias con rentas superiores a un millón de dólares).

En cuarto y último lugar, en el terreno de la provisión del aseguramiento, creando un plan de seguro gestionado por el sector público, que competirá con las aseguradoras privadas.

Son todas ellas reformas modestas y que pueden ayudar a mejorar un sistema ineficiente y muy poco equitativo. Pero las posiciones a favor de la libertad de elección hacen pasar estas consideraciones a un segundo plano. Son posiciones en las que se prioriza siempre la libertad de elección, a costa de todo lo demás. A costa, incluso, de la salud de buena parte de la población.

Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada