ÓSCAR CELADOR

En pleno debate sobre la reforma del sistema de pensiones, se han sucedido dos noticias que están llamadas a tener una especial incidencia en este terreno. Por una parte, los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que la tasa de natalidad continúa reduciéndose de forma alarmante en nuestro país, ya que en el primer semestre de 2010 se ha situado en 1,38 hijos por mujer. Y por otra, la coyuntura económica está empujando a muchos de los inmigrantes que se establecieron en España durante el periodo de bonanza económica a retornar a sus países de origen; así como a los españoles a emigrar al extranjero, pues, según el censo electoral de españoles en el extranjero, 110.931 españoles mayores de edad abandonaron nuestro país entre marzo de 2008 y marzo de 2010.

La viabilidad del sistema público de pensiones depende de la incorporación de nuevos contribuyentes al sistema y de la productividad y competitividad de nuestra economía. De acuerdo con estos parámetros, el modelo español se encuentra en las antípodas de ser eficiente, pues su tasa de desempleo está instalada en torno a un 20% y presenta una de las tasas de natalidad más bajas del mundo que, además, es notablemente inferior a la tasa de recambio poblacional de 2,1 hijos por mujer.

El anteproyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social que acaba de presentar el Gobierno propone que las madres que interrumpan su vida laboral para cuidar de sus hijos puedan adelantar la edad de jubilación hasta un máximo de dos años, en función del número de hijos y cuando cumplan determinados requisitos de cotización. En otras palabras, el Gobierno pretende plantear a aquellas mujeres que han triunfado en la difícil tarea de obtener un empleo y quieren ser madres, que renuncien al mismo a cambio de una reducción en el periodo de cotización, pese a que las estadísticas indican que su posterior reincorporación al mercado laboral será una misión casi imposible.

El sistema público de pensiones es crucial para la conservación del Estado del bienestar, y con su propuesta el Gobierno demuestra que es plenamente consciente de la relación que existe entre la natalidad y la viabilidad del sistema. Sin embargo, y al igual que los gobiernos que le han precedido en democracia, parece ser incapaz de diseñar políticas activas que permitan a las mujeres optar por la maternidad y al mismo tiempo incorporarse plenamente al mercado laboral.

Óscar Celador es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas