La batalla que se libra en torno a Iberdrola, y de la que se esperan nuevas escaramuzas después del 9-M, puede tener un efecto inesperado si prospera la queja presentada por IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN contra Francia ante la Comisión Europea. Su fundamento es que el Gobierno galo conserva en EdF, cuyo capital pertenece mayoritariamente al Estado (85%), una serie de prerrogativas que limitan la libre competencia, pues la compañía, por ejemplo, puede opar, pero no ser opada.

PEDRO SOLBES, que fue miembro de la Comisión y en consecuencia conoce bien lo que se cuece en Bruselas, ha reconocido públicamente que confía en que la queja de Iberdrola sirva para unificar las reglas del juego en todos los países. Lo que, en segunda derivada, según el vicepresidente económico en funciones, contribuiría a la creación de un mercado más abierto y eficiente. El responsable europeo de energía, el letón ANDRIS PIEBALGS, aunque con otras palabras, ha venido a decir lo mismo.

El Estado francés tiene en su contra los sucesivos revolcones sufridos por España en esta materia. Tanto la acción de oro que el Gobierno conservó en algunas empresas públicas (Repsol, Iberia, Telefónica, Endesa) tras su privatización a fin de bloquear cualquier decisión que no le gustara, como la llamada ley RATO, que limitaba los derechos políticos de las compañías extranjeras en algunos sectores, han sido revocadas por las instituciones comunitarias con el argumento de que restringían gravemente la libre competencia.

Por igual regla de tres, la Comisión Europea debería de atender ahora las razones de Iberdrola, aunque el diferente peso político que Francia y España tienen en la Unión no anima a concebir, de momento, demasiadas esperanzas.

Si la queja de Iberdrola ha sido arropada por algunas voces autorizadas, otras noticias de los últimos días no son tan reconfortantes para Sánchez Galán, salvo que él disponga de información tranquilizadora de la que carecemos los demás. El multimillonario belga ALBERT FRERE, que a finales del año pasado empezó a desprenderse de sus acciones en la eléctrica española, ha vendido una parte de ellas (al menos el 2,2%) a no se sabe muy bien quién. Y, claro, uno de los compradores potenciales que maneja el mercado es EdF, que habría dado así un nuevo paso en el asalto a Iberdrola.