De no haber sido porque la experiencia más reciente atestigua lo contrario, la procesión de fe en la libertad de expresión y en el sistema de derechos y valores democráticos que ha hecho el Gobierno tras los asesinatos de París habría resultado conmovedora. Hoy mismo, Rajoy exponía tres ideas contradictorias marca de la casa: uno, “la gente quiere en primer lugar libertad y derechos fundamentales”; dos, “es compatible la libertad y la seguridad”, y tres, “cualquier cosa que sea buena en la lucha contra el terrorismo hay que hacerla”. Aclaradas quedan las dudas.

Ha sido precisamente este Gobierno, devoto de las garantías constitucionales, el que acaba de sacar adelante en el Congreso con los únicos votos del PP una ley, la de seguridad ciudadana, que ataca la libertad individual y cercena gravemente el derecho de reunión, de información o el propio derecho a la intimidad, además de legalizar las devoluciones en caliente en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Y que ha planteado una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se contempla la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa.

Es de suponer, en consecuencia, que el español sea el Ejecutivo más vigilante a cualquier cambio impulsado desde Europa que suponga una merma de libertades, no ya para oponerse a él con todas su fuerzas sino para incorporarlo de inmediato a la legislación nacional, llámase fichero de pasajeros de líneas aéreas o restricciones a la libre circulación de personas. Para lo primero ya se ha previsto incluso una enmienda a la ley de Seguridad Ciudadana, que es el cajón donde mejor puede acomodarse esta nueva reglamentación.

Si la receta de los llamados países civilizados para combatir el yihadismo es desfigurar la democracia hasta convertirla en algo irreconocible y, ya de paso, extender la xenofobia, vamos por buen camino. Nadie parece haber reparado en que la inmensa mayoría de las víctimas del fundamentalismo no son occidentales y que cada día se perpetran matanzas en Irak, Siria, Afganistán o Nigeria, a las que ya casi nadie presta atención, y en donde los muertos son mayoritariamente musulmanes. Para otro día queda explicar el papel que Europa y Estados Unidos han jugado en el florecimiento del integrismo.

Tampoco el hecho de que los grandes atentados terroristas que ha sufrido Europa hayan sido protagonizados por miembros de una segunda generación de inmigrantes a los que se suponía integrados ha merecido atención suficiente. Evidentemente es más fácil poner en pie una red de confidentes entre profesores, médicos y trabajadores sociales como, al parecer, pretende el llamado Plan Nacional contra la Radicalización Violenta, que estudiar las causas que pueden conducir a la yihad a jóvenes aparentemente estructurados.

Ello implicaría poner patas arriba los diferentes modelos de inmigración que Europa ha venido ensayando y que se han demostrado fracasados. La propia Francia, ahora golpeada por el fanatismo de unos locos, impulsó la asimilación, de manera que los inmigrantes y, especialmente, sus hijos acabaran sintiendo el orgullo de ser ciudadanos de la República. A finales de 2005, cuando París ardía por la revuelta de los banlieues, terminó la quimera. ¿Quién quiere ser un ciudadano de segunda condenado a la pobreza? ¿Quién representaba los intereses de estos alborotadores en una Asamblea Nacional en donde no había un solo diputado de origen magrebí y en el que el único musulmán era el representante de Mayotte en el Índico?

Fracasos similares se han cosechado en Alemania, donde poco se hizo por la integración lo que ha dado lugar a la creación de enormes guetos alrededor de las grandes ciudades, y en Reino Unido, que abanderaba las bondades de la multiculturalidad hasta los atentados del 7-J en Londres. Paralelamente, se dio impulso a la ultraderecha, que hoy florece por toda Europa y que está cambiando la tradicional escala de valores del continente.

En España, donde el fenómeno de la inmigración es relativamente reciente, existe la falsa creencia de que la xenofobia nunca será un problema cuando abundan ejemplos de todo lo contrario. De nada han servido los sucesivos estudios que han demostrado que los inmigrantes fueron responsables de hasta un tercio del crecimiento de los años de bonanza o de que han sido las grandes damnificados por la recesión. Siguen siendo considerados en las encuestas como uno de los grandes problemas del país.

Invisibles para el sistema político, que sigue sin establecer criterios razonables para la participación electoral de unos 4,5 millones de personas en España, la marginalidad es un mar turbulento donde el integrismo pesca a sus anchas. Los inmigrantes son personas de carne y hueso y no un contingente de mano de obra barata a la que se enseña la puerta de salida cuando la economía languidece. Su integración depende esencialmente de que existan recursos para ello, especialmente en educación, pero aquí se camina en dirección contraria.

Aunque algunos se empeñaron en oscurecerlo con las famosas teorías de la conspiración de los agujerólogos más reputados, este país dio al mundo entero un ejemplo de cómo el Estado de Derecho se basta para perseguir, encarcelar y condenar a los culpables del mayor atentado integrista que ha vivido Europa, sin necesidad de establecer una Guantánamo en Albacete, practicar el Kamasutra de las torturas, limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos y, al tiempo, esquivar la islamofobia.

Este debería ser el modelo que exportásemos a Europa ahora que vuelve a ponerse en cuestión el propio sistema de convivencia y esa falsa idea de que las democracias se defienden ampliando la seguridad a costa de las libertades. Lo difícil va a ser convencer de ello a Rajoy y a su ministro del Interior.