En Noruega los tribunales han condenado al Estado por el trato inhumano y denigrante que desde hace cinco años se dispensa en prisión al ultra Anders Behring Breivik, el asesino en masa que acabó con la vida de 77 personas en Utoya. Incomunicado y sometido a cacheos constantes, Breivik, en efecto, es un carnicero tarado y un fanático nazi, pero Noruega es un Estado de Derecho donde se hacen cumplir las convenciones internacionales y las leyes, que es bastante más de lo que puede decirse en España.

A diferencia de Noruega, nuestro supuesto Estado de Derecho es caprichoso y la ley se asemeja a una veleta movida por el viento. No existe certeza alguna de que el ordenamiento jurídico servirá de escudo contra las arbitrariedades del poder o de que la Justicia actuará con diligencia al tener conocimiento de supuestos delitos, tal y como demuestran los dos últimos casos conocidos.

Empecemos por el primero: Aznar y la revelación de que nuestro famoso estadista con bigote, exinspector de Hacienda para más inri, ha sido sancionado por tributar por el impuesto de sociedades ingresos que debía haber reflejado en su IRPF para ahorrarse así un pastizal. Mister abdominales pagó la multa e hizo la correspondiente complementaria, pero lo que debería haber sido una controversia tributaria resuelta en ese ámbito se ha dado a conocer a los cuatro vientos, sin respeto alguno a la exigida confidencialidad que ha de prevalecer en la relación entre los contribuyentes y la Administración.

Se ha disfrutado mucho con ese desnudo fiscal, un trato injustificable que ya sufrió hace algo más de un año el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por un asunto similar, en un momento en el que se trataba de abortar el despegue de su partido. Curiosamente, la revelación de los hechos coincide con una etapa especialmente convulsa en el PP, con el liderazgo de Rajoy en entredicho, y con Aznar acaudillando a los críticos que quieren descabalgarle.

Haciendo bueno aquello de que el sabio muestra la luna y los necios miran su dedo, buena parte de la opinión pública y de la publicada ha hecho escarnio del empleado de Murdoch, en vez de preguntarse qué tipo de país es éste en el que, sin mediar aparentemente delito, Hacienda y el ministro responsable pueden servirse sus venganzas con total impunidad. Aznar ha presentado una denuncia ante la fiscalía y Esperanza Aguirre ha sugerido la dimisión de Montoro por acción o por omisión. Y sin que sirva de precedente, llevan razón los dos.

El segundo ejemplo de que el supuesto Estado de Derecho es más propio de una monarquía bananera -ya que de república no podemos hablar lamentablemente- tiene que ver con la actuación judicial contra las supuestas extorsiones de Ausbanc y Manos Limpias, una actividad que, como todo el mundo coincide, era conocida desde hace un par de décadas hasta en el rincón más recóndito de la Patagonia. Así, se ha aplaudido mucho la detención de Luis Pineda y de Miguel Bernard, dos consumados golfos que ahora disfrutan de las comodidades del sistema carcelario a gastos pagados.

La primera pregunta que cabe hacerse, y a la que se intentará dar respuesta más adelante, es por qué siendo de dominio público la actividad cuasi mafiosa de ambas organizaciones se haya esperado veinte años antes de poner a la sombra a sus cabecillas. ¿Tendrá algo que ver que con que muchos jueces hayan estado cobrando por las conferencias que impartían en el Foro de la Justicia que organizaba anualmente Ausbanc? ¿Tan poco han cambiado las cosas desde los tiempos en los que Jesús Gil invitaba a cuerpo de rey a una legión de magistrados a Marbella mientras robaba a manos llenas?

La segunda cuestión hace referencia a los presuntos chantajeados, especialmente entidades financieras que se avenían a pagar grandes cantidades a Pineda para que, o bien les dejara tranquilos o, llegado el caso, retirara sus demandas ante los tribunales. ¿Qué tendrían que ocultar estas honradísimas instituciones para aceptar esas extorsiones? Más aún, ¿de qué tamaño habrían de ser los supuestos pufos para que uno de los pocos que se resistió a pasar por caja fuera Miguel Blesa en Cajamadrid? Y por último, ¿por qué la Justicia se cruzaba de brazos sin mostrar interés alguno en investigar qué tenían que callar bancos y cajas?

No se puede alegar desconocimiento en la medida en que las turbias acciones de Ausbanc habían sido reiteradamente denunciadas, especialmente por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Productos Financieros y de Seguros (Adicae) cuyo presidente Manuel Pardos ha mantenido una lucha sin cuartel contra el “pirata” de Pineda y su “negocio financiado por la banca” al que se ha enfrentado reiteradamente en los tribunales.

Según se ha establecido, a Pineda le pagaban los bancos por su silencio y para los que se resistían ya estaba Manos Limpias con sus querellas. No es por tanto extraño que, como denuncia Adicae, la pretendida feria del consumidor organizada por Ausbanc (Consumeralia) celebrada el pasado mes de marzo contara con el patrocinio de entidades como el Santander o Unicaja. A eso habría que añadir relaciones tan excelentes con el mundo de la política que explicarían tanto las subvenciones de gobiernos como el de Esperanza Aguirre o fotos tan embarazosas como la de Pineda y Susana Díaz en la Feria de Abril de Sevilla horas antes de ser enviado a la cárcel.

Pero volvamos a la primera pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Tendrá algo que ver la presencia en el banquillo de la infanta Cristina y el hecho de que Manos Limpias sea la única acusación en el juicio? ¿Ello explicaría la vehemencia con la que el fiscal Pedro Horrach ha cuestionado su legitimidad y su enfrentamiento a gritos con la letrada Virginia López Negrete, a la que ha acusado del intento de extorsión a la hermana del Rey? ¿Este supuesto chantaje –al parecer, Manos Limpias pedía tres millones de euros a los abogados de la infanta para retirarse del procedimiento- ha sido real o provocado?

Este el Estado de Derecho que con gran solemnidad se proclama en las tribunas, el mismo que permite que Carlos Fabra, apenas 16 meses después de pisar la trena y contra el criterio de la Junta de Tratamiento, ya esté en la calle a instancias de una jueza sancionada por presionar a una colega para que Mario Conde obtuviera el tercer grado en su primera estancia en el talego. El mismo que desahucia a los pobres de sus chamizos y permitía al ya citado Conde disponer de sus mansiones inembargables. Así nos va.