Montilla, que además de honorable es educadísimo, ha enviado una carta a doscientas entidades catalanas en las que les agradece su cerrada defensa del Estatut y expresa su convencimiento en poder contar con ellas “si llega el momento en que sea preciso dar una nueva respuesta política y cívica, clara y unitaria”. Por resumir, las fuerzas vivas de Cataluña se han pronunciado en contra de una sentencia que aún no se conoce y el president les anima a volver a hacerlo si se confirma que la primera vez tenían razón en sentirse contrariados. Desde las momificaciones del antiguo Egipto no se conoce semejante colocación masiva de vendas sin herida.

Esta fórmula de la protesta preventiva, que Alfonso Guerra atribuía ayer a que los políticos catalanes están un poco en la estratosfera, es tan incomprensible como el retraso del Constitucional en hacer público su fallo, un tribunal que, parafraseando a Groucho, partiendo de la nada y con su solo esfuerzo ha coronado la más elevada cima del desprestigio. Aún así, no estaría de más que la Generalitat precisara en que consistiría esa nueva respuesta si se juzgase necesaria, porque no es lo mismo firmar un manifiesto de contenida indignación que echarse cívicamente al Montseny.

También sería muy conveniente que se estableciera qué correcciones del texto deberían mover a la indignación colectiva, en la medida en que pudieran determinar un menoscabo evidente del autogobierno. Por poner un ejemplo, el Constitucional podría matizar que Cataluña no es una nación y que donde el Estatut se refiere a “símbolos nacionales” debiera hablar de símbolos de la nacionalidad. Ahora bien, ¿ello implicaría restar poder al Gobierno catalán? ¿Le impediría asumir la gestión de los aeropuertos? ¿Haría imposible la nueva división administrativa en veguerías? ¿Recortaría la financiación? ¿Acarrearía la derogación de leyes? ¿Afectaría a la vida diaria de los catalanes o de sus instituciones?

Tan real como el anticatalanismo es ese victimismo nacionalista del que el PSC se ha contagiado. Este país no puede vivir eternamente pendiente de un debate territorial en el que se pone en juego a diario la propia convivencia. ¿Estamos discutiendo de un estatuto de autonomía o del primer paso hacia la independencia? Si se trata de lo segundo, debería plantearse abiertamente. Lo exigiría la dignidad de Cataluña.