El artículo 27 .5 de la Constitución otorga al estado la facultad de decidir qué tipo de educación deben tener nuestros hijos: "Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza ..." El estado se otorga un papel fundamental en el rumbo que debe tener la educación pautando los contenidos, las asignaturas, los ciclos de formación, las horas lectivas, la lengua vehicular. Es cierto que los padres tienen el derecho a llevar a sus hijos a un centro privado o concertado, religioso o laico, pero los contenidos de estos centros deben ajustarse a la normativa común. Los padres, pues, no tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, o a no darles educación alguna, o a impedirles que sepan leer, o dejarles sin conocimientos de matemáticas o de historia, o a que reciban la enseñanza en una determinada lengua. Los padres tampoco pueden exigir que se enseñe ciencias a sus hijos en base a las teorías creacionistas, a que estudien el cosmos en base al geocentrismo Ptolemaico, o a que reciban una formación racista en base al Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas del Conde de Gobineau. No, los padres no pueden decidir sobre la educación de sus hijos, porqué los derechos de los hijos a tener una educación están por encima de la de los padres a someterles a sus caprichos doctrinales.

Existe una ley orgánica española, el Estatuto Catalán, aprobado por las cortes el 2006, ratificado en referéndum y laminado por el Tribunal Constitucional, donde en su artículo 143 se dice que "corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de lengua propia, que incluye, en todo caso, la determinación del alcance, los usos y los efectos jurídicos de su oficialidad, y también de la normalización lingüística del catalán". Eso quiere decir que los padres en Catalunya, no pueden decidir que sus hijos no aprendan el catalán o en catalán, por mucho que el ministro Wert se empeñe en ese propósito. El derecho de los niños a conocer el catalán y el castellano está por encima del derecho de los padres a decidir qué lengua o qué lenguas debe aprender. El estado representado, por la Generalitat, tiene competencias en este sentido y las diversas sentencias del Tribunal Constitucional han avalado el proceso de inmersión lingüística en catalán en los últimos 25 años. Cuando se invoca el derecho de los padres a decidir en qué lengua se educa a sus hijos, se invoca un derecho altisonante, pero inexistente. No existe el derecho a recibir la educación que los padres quieran, ni en último extremo, hay demanda social de cambiar los principios de la inmersión lingüística en Catalunya. ¿Saben por qué los padres en Catalunya no piden que la lengua vehicular de sus hijos sea el castellano salvo raras excepciones? Porque saben que la base de la convivencia y la cohesión social en nuestro país y la inserción de sus retoños se basa en el conocimiento de las dos lenguas y sólo la inmersión en catalán lo garantiza. Lo que persigue el ministro Wert y el gobierno de Rajoy es romper esa cohesión social.