Cinco días después de atribuir a los pepinos españoles un brote infeccioso que ha provocado ya 14 muertes en Alemania, la responsable de Sanidad de Hamburgo ha admitido, tras el análisis de dos de tres pepinos sospechosos, que las bacterias de Escherichia coli encontradas en ellos no coinciden con las causantes de esas muertes y la hospitalización de 569 personas por la misma enfermedad. La rectificación constituye un alivio para los agricultores españoles, pero el daño provocado por la acusación precipitada de la ministra alemana ya está hecho: los horticultores han perdido una gran cantidad de dinero (200 millones de euros semanales, según ellos), y la sombra de la sospecha sobre sus productos probablemente tarde semanas, o meses, en disiparse. Por eso hace bien la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, en anunciar que el Gobierno exigirá indemnizaciones a la Unión Europea para paliar los daños ocasionados. Una actitud que contrasta con la de la dirigente del PP Soraya Sáenz de Santamaría, que no desaprovechó la oportunidad para sacar rédito político al drama de los agricultores atacando al Ejecutivo por su supuesta “debilidad”. Si alguna debilidad pone de manifiesto la crisis de los pepinos, es la de la UE en la gestión de situaciones como esta, para evitar que unas afirmaciones infundadas puedan provocar perjuicios enormes a todo un sector económico de un Estado miembro. Una unión económica, además de la libre circulación de mercancías y capitales, exige también el establecimiento de antídotos que eviten la contaminación de unas afirmaciones irresponsables.