Pillado con el carrito del helado en los papeles de Panamá, el futuro del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, no es mucho mejor que el de un caramelo a la puerta de un colegio. Gunnlaugsson y su esposa, Sigurlaug Pálsdóttir, eran dueños de Wintris, una sociedad radicada en las Islas Vírgenes británicas en la que tenían depositados cuatro millones de dólares en bonos de los tres bancos de la isla que se hundieron en 2008, presuntamente para evadir el pago de impuestos. Miles de personas pidieron este lunes ante el Parlamento su renuncia y la oposición ha anunciado una moción de confianza para darle el pasaporte. No durará mucho en el cargo.

Los islandeses son un pueblo orgulloso y han demostrado que no siempre los justos han de pagar los platos rotos de los pecadores. En la crisis financiera hicieron justamente lo contrario de lo que se les exigía y hoy el país crece a tasas cercanas al 4%, con un desempleo del 3% y, lo que es más importante, con la dignidad intacta y no hipotecada.

En vez de recatar a los bancos, se dejaron caer antes de sanearlos y se estableció un corralito muy particular sobre los capitales para evitar la fuga de divisas. Se juzgó a los banqueros, hasta el punto de que 26 de ellos ya han sido condenados con penas que suman 74 años de cárcel, y hasta el primer ministro de entonces, Geir Haarde, pasó por el banquillo. Se decidió en referéndum no pagar la deuda de casi 3.500 millones de euros a los inversores extranjeros, fundamentalmente británicos y holandeses. Se negoció, sí, un préstamo con el FMI de 1.875 millones de euros (que ya ha sido cancelado), pero no a cambio de recortes sino para apuntalar el Estado del Bienestar. Y hasta se dio un portazo a la UE, con la que se negociaba la adhesión.

Tal fue el éxito, que hasta el jefe de la misión del FMI, Poul M. Thomsen, tuvo que reconocer que la receta islandesa, “al margen del conjunto de las herramientas tradicionales”, había funcionado. Aunque para conjurar el peligro de que fuera exportable a otros países avanzaba lo siguiente: “Esta combinación ecléctica de políticas ha sido eficaz en el caso de Islandia, pero no está claro si las enseñanzas aprendidas en este caso podrían aplicarse a otras regiones, como a la zona del euro afectada actualmente por la crisis”. Sorprende la advertencia viniendo de un organismo que, si por algo se ha caracterizado, es por hundir las economías en las que ha intervenido, tal es el ejemplo griego.

La única asignatura pendiente de la isla es la Constitución ciudadana, una reforma en cuyo debate participó la población desde las redes sociales y que fue sometida a referéndum y posteriormente anulada por la Corte Suprema del país al ser votada por menos del 50% del censo electoral. El insólito proceso permitió, no obstante, mostrar las preocupaciones de la sociedad islandesa, que no eran otras que los derechos humanos, la democracia, la igualdad de acceso a la sanidad y la educación, la vigilancia del sector financiero y el control nacional de los recursos naturales.

Nadie ha explicado convincentemente por qué lo que ha sido posible en país de poco más de 300.000 habitantes no es aplicable a otros de mayor dimensión, aunque resulte obvio. Todo el sistema está construido para asegurar el bienestar de los grandes capitales y no el de las personas. Entre arruinar personas o fondos de inversión no hay debate posible.

Desde España, donde los contribuyentes siguen pagando el rescate a los bancos y los enriquecidos responsables de su quiebra se pasean impunemente por las calles, donde los defraudadores dan lecciones de ética, donde millones de personas coquetean con la miseria mientras se recortan sus derechos civiles y laborales y se desmantela la red social que les protegía, sólo se puede mirar con envidia a esos locos nórdicos y a su bacalao en salazón.

A Gunnlaugsson y a su ministro de Finanzas, Bjarni Benediktsson, al que también han detectado en los papeles panameños, les quedan dos telediarios. Aquí nos preparamos por si vienen mal dadas y lo que parecía el último episodio de Rajoy acaba en reposición. O lo que es peor, para una nueva rifa para pobres presidida por Pilar de Borbón.