El compromiso anunciado ayer por Zapatero de vincular por ley la capacidad de gasto del Estado al cumplimiento de las previsiones de crecimiento del PIB a medio plazo (en torno a cinco años) supone un grado más en la obsesión por la estabilidad presupuestaria. Sin llegar al punto que reclama el PP (déficit cero en todas las administraciones aunque no lo aplica en las que gobierna), el Ejecutivo pretende pactar con las comunidades autónomas para que asuman ese compromiso. Sería loable cualquier iniciativa destinada a perfeccionar el control del gasto público y la eficacia en la gestión de cada euro que sale del bolsillo de los contribuyentes. Pero no se trata de eso. Desde que estalló la crisis financiera, todas y cada una de las medidas acordadas en la UE a petición de Angela Merkel conducen a un único objetivo: convencer a los mercados de que los países del euro pagarán sus deudas financieras en los plazos que correspondan y a los intereses oportunos. Ese mantra de la austeridad y el rigor presupuestario sigue estrechando cada vez más el margen de la acción política, hasta el punto que ayer mismo evidenció Zapatero al anunciar que la nueva normativa determinará también dónde gastar el superávit. Se refiere esencialmente a dedicarlo a la reducción de deuda, pero al paso marcado por Alemania y al ritmo que tocan los mercados puede llegar un momento en que decidan exigir la desaparición total de la política.