RAMÓN COTARELO

La intervención de la Caja de Castilla-La Mancha es un cañonazo en la línea de flotación del barco gubernativo de gestión de la crisis, que se basaba en la seguridad de que el sistema financiero español estaba a salvo a causa de la vigilante política del Banco de España, que obligaba a provisionar siempre suficientemente para reducir riesgos. Tal era la seguridad, que España proponía su modelo como ejemplo a imitar en otros países. La caída de la CCM muestra que aquella seguridad era infundada y abre la vía a la sospecha de que en España no ha habido casi infección con activos tóxicos procedentes del extranjero porque ya tenemos los propios, generados en la burbuja inmobiliaria patria, y que además no estaban vigilados.

En su comparecencia a raíz de la fulminante intervención dominical, Solbes quiso tranquilizar a mercados e inversores asegurando que no era una situación extrema, que no había un problema de descubierto sino una coyuntural falta de liquidez de la entidad que se corregirá con el aval de hasta 9.000 de euros por Real Decreto Ley. Es asombrosa la falta de sentido común de los políticos. Un gobierno forzado a reunirse en Consejo de Ministros un domingo por la tarde para aprobar un Real Decreto Ley trataba obviamente de evitar un pánico bancario en la CCM el lunes por la mañana. Porque lo que el Gobierno no había dicho es que la intervención se acordó a la vista de una demanda de retirada de depósitos con carácter galopante. Y, junto a la intervención, la destitución de los cargos directivos de la caja, de plena confianza del partido en el Gobierno en Castilla La Mancha. Todo ello normal en un domingo por la tarde.

La urgencia del momento no debiera ser óbice para que el Gobierno explique por qué ha mantenido el discurso tranquilizador hasta el último momento, si es que no vio los signos de riesgo de la burbuja inmobiliaria, o los vio pero no quiso hacerles frente y, si es así, por qué. No se trata de buscar hipotéticos culpables que carguen con el sambenito de mala gestión de la crisis, sino de averiguar por qué un Gobierno que ya reaccionó tarde y mal a los primeros avisos de crisis ha vuelto a hacerlo en un desarrollo negativo posterior para el que ya debería estar preparado.

En el caso de la Caja de Castilla-La Mancha hay dos cuestiones que se plantean al unísono, uno referido al origen inmediato del problema y el otro al mediato. El inmediato presupone averiguar qué volumen de negocio tenía la caja atrapado en el ladrillo y qué volumen tienen las demás cajas, algo que será imprescindible aclarar si se quiere garantizar la supervivencia del sistema. El mediato cuestiona la forma de gobierno de las cajas en España con el predominio de la gestión política, cuyo peligro puede observarse en la delirante pugna que ha abierto doña Esperanza Aguirre por el control de Caja Madrid, poniendo en peligro la estabilidad de la cuarta institución financiera del país.

Y, finalmente, la última cuestión que está en el ánimo de todos pero nadie quiere plantear abiertamente: ¿puede saltar el problema de las cajas a la banca comercial?

Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas