Europa es muy sensible ante las tragedias. La que sigue desvelando a este noble y solidario continente no es que miles de personas mueran en tierra firme víctimas de las guerras y las hambrunas. Ni siquiera que lo hagan en alta mar y den de comer a los peces del Mediterráneo. La tragedia que realmente preocupa es que algunos de ellos lleguen a sus orillas, con lo difícil que es luego repatriarlos. Ahí empieza el verdadero drama.

Para darle solución, la UE ha venido articulando soluciones imaginativas, de esas que demuestran que no importa perder el alma si se tiene un estómago a prueba de bombas que te impide vomitar por las náuseas. Es una lucha humanitaria sin cuartel, porque los bárbaros que nos invaden son muy ladinos aunque se ahoguen en el Mediterráneo a un ritmo de 14 personas al día y siempre ven una ventana abierta cuando una puerta se les cierra. La de Grecia se entornó gracias a la contratación a precio de oro de Turquía como carcelero, y ahora se pretende hacer lo mismo con la de Italia, que no echó a tiempo las persianas y no da abasto con tanto okupa.

La inteligencia europea y su ingeniería para frenar compasivamente las oleadas de inmigrantes y refugiados no descansa. Lo primero fue negarse a poner en marcha un plan europeo de salvamento marítimo, que hubiera impedido muchas de las muertes pero que habría sido como poner un taxi a esos harapientos príncipes de las mareas. Lo segundo repetir la experiencia griega, con el inconveniente de que Libia no es ni siquiera un país, su guardia costera es poco fiable y su capacidad para contener a hombres, mujeres y niños en medio de terribles abusos también es limitada.

Como nada de ello ha funcionado satisfactoriamente, Italia vino a pedir la ayuda de sus socios para compartir los desembarcos, que se han llamado a andana por eso de que la solidaridad empieza por uno mismo. Ello no les ha impedido detectar el problema, que no es otro, al parecer, que el efecto llamada de tantas ONG recogiendo náufragos a cascoporro, lo que sin duda apunta a una connivencia entre los voluntarios y las mafias de la inmigración. Sólo eso y no la criminal inacción de Europa puede explicar que casi la mitad de los rescates hayan corrido a cargo de estas entidades o de barcos comerciales obligados a prestar auxilio por la propia ley del mar.

La solución era obvia: atar en corto a las ONG e imponerles un código de conducta que implica detallar cómo se financian, informar de sus tripulaciones y someterse a la coordinación de las supuestas misiones europeas de control marítimo, que no de salvamento. El objetivo es que sus barcos no entren en aguas territoriales libias, que allí no hay necesidad de ayudar a los que se ahogan, y de paso impedir que sean testigos de cómo se devuelve ilegalmente a las costas africanas a los rescatados por barcos militares.

Pionero de esta estrategia ha sido nuestro ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha visto claro que si no tienen quien les salve muchos se lo pensarán antes de lanzarse al agua en embarcaciones de medio pelo, que para algo se inventaron los cruceros. Heredero de la doctrina Mayor Oreja –“teníamos un problema y lo hemos resuelto”- pero consciente de que no se puede narcotizar a tanta gente para que sigan muriendo en sus lugares de origen, Zoido ha optado por concienciar a las ONG del daño que hacen con su socorro. Ante todo, pedagogía.