Al Gobierno no le resultará fácil conseguir por las buenas que todas las entidades financieras supriman las cláusulas suelo de las hipotecas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha encomendado al Banco de España que vigile el cumplimiento de la reciente sentencia del Supremo que ponía estrictas condiciones a su aplicación. Pero hay demasiado dinero en juego como para que desaparezca de la noche a la mañana un mecanismo que lleva años ayudando a sostener los cuantiosos beneficios de la banca.

Hasta el momento, sólo las tres entidades a las que concierne directamente la sentencia (BBVA, Novagalicia y Cajamar) han decidido eliminar de golpe las cláusulas suelo. Gracias a ello, unos 600.000 clientes dejarán de tenerlas en sus hipotecas, con un ahorro conjunto estimado del orden de los 500 millones de euros anuales. Sin embargo, hay otras que no tienen la menor intención de eliminarlas salvo que se lo impongan a la fuerza, para evitar el castigo que sin duda eso infligiría a sus cuentas de resultados.

Según fuentes del sector, aun descontadas las de BBVA, Novagalicia y Cajamar, seguiría quedando en el mercado alrededor de un millón de hipotecas con cláusulas suelo, lo que equivale al 15% del total. El coste de adaptarlas a la sentencia del Supremo oscila entre los 800 y los mil millones de euros, que los bancos afectados no están dispuestos a perder como si tal cosa. Entre ellos figuran Caixabanc, Bankia, Sabadell y Popular, aunque el problema no reviste igual importancia para todos.

El argumento que suelen esgrimir para no sentirse aludidos por la sentencia es que sus hipotecas reúnen las condiciones de transparencia impuestas por el Supremo. Pero lo objetable no es sólo la transparencia, sino la existencia misma de las cláusulas suelo, que suelen encerrar un abuso en toda regla. Por su culpa, los deudores sólo pueden aprovecharse hasta un límite de la disminución de los tipos de interés. Las subidas también tienen tope, si bien el margen en tal caso es mucho mayor.

Esa flagrante discriminación perjudica siempre al hipotecado y constituye una fuente de notables ganancias para la banca en los momentos en que los tipos de interés están a la baja, como ocurre desde hace algún tiempo en España. Además, defenderla so pretexto de la libertad contractual es una burda falacia, habida cuenta la posición dominante que las entidades financieras suelen tener por su condición de prestamistas, sobre todo con respecto a los pequeños y medianos clientes que recurren a ellas.

De ahí que la pretensión de Guindos de hacer extensivo a todo el sector el pronunciamiento del Supremo sobre las cláusulas auelo, aunque fuera sincero, esté condenada al fracaso, salvo que el Banco de España tuviera una capacidad de influencia que hoy no tiene o que el Gobierno echara mano del boletín oficial con la presteza de otras veces.

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