El plan es el mensaje. En realidad, el Gobierno reconoce en privado que no espera emerger gran cosa de empleo sumergido con su aviso de que facilitará el afloramiento de trabajo negro antes de endurecer las sanciones. Lo que busca es mandar un mensaje a tres bandas: a los trabajadores, que pierden derechos laborales por estar sumergidos; a las empresas legales, que tienen que competir en desventaja con las que emplean personas sin contrato; y a la sociedad española, por razones obvias: la economía sumergida no paga impuestos ni cotizaciones.

Pero el Gobierno anda por el filo de la navaja y puede acabar dando el recado equivocado. Aunque en el plan inicial del Ministerio de Trabajo no figura perdonar las sanciones en los primeros meses, el Ejecutivo no lo descarta si se plantea en la negociación con los agentes sociales. Se trataría de una amnistía, aunque parcial, y el mensaje se daría la vuelta: sería como decir que no hay penalización por incumplir la ley, que puedes irte de rositas tras defraudar a la Seguridad Social –justo después de recortar las pensiones futuras–.

Aún más, ¿qué ocurrirá si una empresa da de alta en la Seguridad Social a unos trabajadores “sumergidos” hasta entonces? ¿La inspección de Trabajo lo investigaría? Si la empresa conoce que existe ese riego, desde luego no aflorará el empleo negro; y si no corre el riesgo de ser inspeccionada es que el Estado cierra los ojos a las irregularidades pasadas. Eso sería como dar de tapadillo una amnistía total al fraude anterior.

Además, también habría que cerrar los ojos al fraude fiscal en las retenciones del IRPF no practicadas por las empresas a los trabajadores sumergidos. Por eso, en Hacienda no son en absoluto proclives a los planes de regularización que suponen perdones o amnistías. Y menos después de las experiencias pasadas. En 1984, Miguel Boyer –que ahora presidirá la Comisión Asesora de Competitividad del Gobierno– hizo una amnistía por la que los evasores blanquearon dinero adquiriendo pagarés del Tesoro sin penalización fiscal y salvaguardando el anonimato. En 1991, Solchaga emitió una deuda pública especial –con un tipo de interés inferior al del mercado y manteniendo cautivo el dinero durante seis años– con el fin de acabar con la opacidad de los pagarés pero que se podía utilizar para justificar ingresos o patrimonios no declarados. No logró los objetivos previstos y en los Presupuestos Generales del Estado para 1992 se incluyó una disposición adicional que decía que, a partir del 1 de enero, no habría norma alguna que implicara una amnistía fiscal.

Las ventajas de aflorar empleo sumergido son evidentes: más ingresos para la Seguridad Social y para Hacienda, más protección para el trabajador, menos gastos en subsidio de paro (por la desaparición de sumergidos que trabajan en negro a la vez que cobran el paro) y menor tasa de paro. Sin embargo, el camino de la amnistía nunca tiene un buen final.