Ramón Cotarelo

Cuando se anuncia la salida de la crisis y algunos países, como Alemania y Francia, han dejado de estar técnicamente en recesión, España, junto a Reino Unido y algún otro, forma en el pelotón de los torpes y los augurios son negativos: no está del todo excluida la posibilidad de la depresión y no se prevé recuperación hasta fines de 2010. Dos son los motivos que se aducen para explicar este comportamiento desparejo del país: la dependencia del ladrillo, por un lado, que explica por qué la crisis ha sido más grave aquí y ha provocado la tasa de paro más alta de la Unión Europea; y la eficiencia del sector bancario, por otro, que explica por qué el país tardó más en entrar en crisis y esta afectó menos financieramente, datos que ahora se aducen para justificar por qué se demora en tomar la senda de la recuperación. Pero hay otras peculiaridades que todavía no aparecen en los análisis, aunque acabarán haciéndolo. La más importante ha sido la voluntad expresa del Gobierno de afrontar la crisis adoptando las medidas de movilización de recursos públicos como todos los países similares, pero sin merma de las políticas sociales, sino al contrario: procurando que estas se amplíen para compensar a los sectores más desfavorecidos por el aciago momento. La última muestra ha sido la dotación de los 420 euros para los parados de larga duración.

Estas políticas han producido un fuerte endeudamiento e incremento del déficit, que ha escalado porcentajes del PIB que casi triplican el previsto en el Pacto de Estabilidad Presupuestaria. Y aunque se haya adoptado un severo plan de restricción del gasto público –que ha llegado a capítulos estratégicos, como investigación y desarrollo–, no será suficiente para hacer frente a las deudas, por lo que se ha anunciado un todavía impreciso aumento de la presión fiscal para el año próximo que, según declaraciones del presidente, afectará a las rentas más altas, en línea con la clásica política fiscal socialdemócrata. Todo lo anterior es el resumen de la respuesta a la crisis más profunda desde la de 1929 a cargo de un Gobierno que, al carecer de mayoría absoluta, no tiene asegurada su supervivencia parlamentaria sino que depende de alianzas variables y se enfrenta a una oposición mayoritaria que ha hecho de la falta de colaboración y de la crítica a las medidas anticrisis su vía de ataque, sin haber conseguido poner al Ejecutivo en situación delicada en las Cortes ni tampoco distanciarse significativamente en intención de voto.

Es interesante que un Gobierno minoritario enfrentado a una crisis sin precedentes, con una tasa de paro muy elevada y obligado a subir los impuestos, medida siempre impopular, pueda escoger apoyos parlamentarios a su gusto y haya sabido mantener la paz social en las calles sin ceder a las crecientes presiones de una patronal que ha intentado e intenta trasladar el coste de la crisis a las espaldas de los trabajadores. Una comparación de los costes de la movilización social en los años ochenta con la reconversión industrial permite apreciar el calado de la diferencia.

Catedrático de Ciencia Política