FRANCISCO BALAGUER

Catedrático de Derecho Constitucional

En su discurso para presentar los objetivos de la Presidencia española de la Unión Europea, en un acto organizado por la Asociación de Periodistas Europeos en febrero de 2009, el presidente del Gobierno español decía que “la única alternativa para España será ejercer una Presidencia transformadora y no gestora”. Las circunstancias han determinado que esa sea la exigencia fundamental que se plantea a la Presidencia española, debido a su coincidencia con el proceso de entrada en vigor y aplicación del Tratado de Lisboa. El desarrollo del Tratado es, por tanto, una de sus tareas principales. Al mismo tiempo, la Presidencia estará marcada por la existencia de un Presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, que será quien proyecte la imagen externa de la Unión Europea durante su mandato. Es una situación nueva que dará una dimensión diferente a la Presidencia española, con una menor repercusión pública que otras anteriores.

La opción por la aplicación del Tratado de Lisboa, que resulta inevitable por las circunstancias temporales, ha sido ya objeto de algunas críticas, como la del Financial Times, que entiende que se ha incurrido en un error demasiado típico en la Unión Europea: “Concentrarse en el ajuste de los mecanismos institucionales a expensas de enfrentarse a los problemas del mundo real, que preocupan a los ciudadanos europeos”. En realidad, si se analiza el Programa de la Presidencia, se puede ver que a esta cuestión se le dedica una parte mínima de sus 50 páginas. La puesta en marcha del Tratado es sólo uno de los cuatro grandes ejes de la Presidencia. Los otros son la coordinación para gestionar las estrategias de salida de la crisis, el refuerzo de la Unión Europea como actor político decisivo en la globalización y la promoción de iniciativas que garanticen los derechos de la ciudadanía, con especial atención a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En cada uno de esos ejes se proponen un buen número de iniciativas, en un documento susceptible de crítica pero bastante ambicioso. Su orientación hacia la ciudadanía y la potenciación de los derechos resulta especialmente apreciable. Por lo que se refiere a la aplicación del Tratado de Lisboa, se pretende desarrollar la previsión relativa a la iniciativa legislativa popular e iniciar el proceso de adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. También se intentará reforzar la dimensión social de la Unión Europea, así como incrementar a nivel europeo la lucha contra la violencia de género mediante la creación de un Observatorio Europeo y la adopción de una Orden Europea de Protección a las Víctimas.

La Presidencia española ha hecho sus deberes de acuerdo con la orientación ideológica de nuestro Gobierno y en el marco de las condiciones actuales de la Unión Europea. Pero habrá algún momento en que Europa tendrá que afrontar un importante ajuste de sus mecanismos institucionales si quiere estar en condiciones de solucionar los problemas reales de la ciudadanía. Entre otras muchas cosas, habrá que plantearse la cuestión de la funcionalidad de las presidencias rotatorias.